lunes, 17 de julio de 2017

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Nicolás Ladrón…

Hace instantes, igual como me ocurriese hace casi un año exacto (01/07/2016) y lo escribí (http://www.chinohung.com.ve/2016/07/lo-mas-desmoralizante-de-ser-victima.html), nuevamente fui víctima del crimen en nuestra amada y dolida Venezuela, no existe nadie, no hay excepción alguna, todos los venezolanos, en un 100% hemos sido víctimas del crimen.

No entraré a detallar lo qué robaron, ni dónde, ni cuándo, ni cuánto cuesta su reposición, ni quiénes fueron, materialmente, sólo les digo que estoy bien, físicamente, así que no hay por qué preocuparse por mi integridad, es más, me encuentro más decidido que nunca y con más ganas de seguir la lucha contra esta impostura que pretenden imponernos como país.

Mi afección no es física sino moral, espiritual, y no solo que es la misma que pude expresar hace un año.

Sepan ustedes lectores que no aceptaré de ninguno manifestaciones de “tranquilo eso se recupera”, “menos mal que no te pasó nada”, “menos mal que es algo material”, o expresiones por el estilo que lastimosamente se han convertido en una suerte de auto engaño, pero que causa un daño peor que el hecho criminoso y es su callada aceptación, la resignación, y peor aún el no señalar a los verdaderos responsables de este estado de cosas a la que los tiranos nos han obligado a padecer, ya que no puede llamársele vivir.

Saben que es una palabra polisémica, es aquella que puede tener varios significados según su contexto, a lo que puedo agregar que a pesar de tener diferentes acepciones que denoten ideas similares, técnicamente se diferencian entre sí. Por ejemplo la palabra banco, puede referirse a una silla o taburete, también puede referirse a una institución financiera o “bancaria”, pero igualmente como banco de datos, banco de sangre y otra similares.

En ese mismo sentido, observamos como al referirse al ladrón, o ladrona, puede ser tanto atendiendo al tipo penal que se apropia indebidamente  de lo que no es de su propiedad, pero también hay quien es ladrón, o ladrona, por robar un suspiro, un beso o un corazón, que son los únicos robos de los que nos gustaría ser víctimas.

Pero además de esos ladrones antes referidos, los buenos, y buenas, y los malos, los que roban sólo lo material; encontramos a aquellos que son los peores, para los que no existe ni puede haber redención alguna, los más bajos y detestables, aquellos que toda sociedad debe procurar su erradicación, los que no roban lo material, que en definitiva siempre podrá recuperarse, y son aquellos que nos roban las esperanzas, las ilusiones, nos quitan algo más valioso que el oro mismo, nos roban el tiempo, la vida, la tranquilidad, la voluntad, el futuro….

A los venezolanos nos han robado el país, la democracia, la libertad, la propiedad, tanto en su dimensión material, lo que ya es una atrocidad, sino también en su dimensión moral, la propiedad como valor.


Yo a mi ladrón particular le puse rostro y le puse nombre, a veces se llama pedro, a veces se llama juan, muchas otras hugo, hoy se llama nicolás, sea que me haya robado a mi hoy algo particular o a todos los venezolanos nuestra general soberanía, a todos los venezolanos nos han robado y ultrajado muchos pedros, juanes, hugos y nicolases, a pesar de que todos ellos se parecen y hasta pueden instaurar una cleptocracia.

Cada vez que alguno de nosotros es víctima de algún crimen, sea que te roben un celular o un par de zapatos, que asesinen a una persona, o sea que no se tenga que comer, que no se consiga medicina, que observes lo cutre de los pueblos y ciudades, que no exista ni un solo servicio público que funcione, ni uno solo funciona satisfactoriamente, que no haya seguridad ciudadana ni de estado sino que los organismos encargados de su prestación son utilizados como instrumento de opresión, ya sabemos a quien responsabilizar,  podemos ponerle cara y nombre.


Hoy el ladrón tiene rostro y nombre de nicolás, no sé si coincida con el de otras víctimas, en especial de aquellos a quienes más allá de quitarnos un simple bien material nos robaron nuestra soberanía y secuestraron nuestro país.

miércoles, 24 de mayo de 2017

Entre despotismos, constituyentes y estatuas caídas te veas...



Lo que a continuación se muestra es transcripción parcial del “Acuerdo del 28 de abril de 1879 que declara nulos los actos dictados desde el 12 de septiembre de 1878, inclusive los de la titulada Asamblea Constituyente, hasta que cesó el régimen ilegal y arbitrario del que emanaron; y se ordena la reposición de la estatua ecuestre que la gratitud nacional erigió al Ilustre Americano”.

Reza:

“El Congreso de Plenipotenciarios de los Estados Unidos de Venezuela, representante de las autonomías de los Estados e intérprete de la voluntad de las mayorías pobladoras, que han reconocido y proclamado al Ilustre Americano Regenerador de Venezuela General Antonio guzmán Blanco, Supremo Director de la Reivindicación Nacional, y protestando de una manera tan universal como espléndida contra todos los actos emanados de la usurpación consumada el 12 de septiembre de 1978, por un Poder que conculcó las leyes y holló la dignidad del derecho de la República, acuerda:

Artículo 1º. Son írritos, nulos y destituidos de todo valor y fuerza legal, todos los actos dictados desde el 12 de septiembre de 1878 por el Gobierno que rompió en esa fecha los títulos de su autoridad legal convocando una Asamblea Constituyente, para reformar de una manera arbitraria las instituciones nacionales; y nulos también todos los actos de dicha Asamblea revolucionaria reunida en la capital de la Unión el 11 de diciembre del mismo año para consumar la usurpación.

Art. 2º Procédase inmediatamente a la reposición de la estatua ecuestre que la gratitud nacional erigió al Ilustre Americano General Antonio Guzmán Blanco, en la capital de la República, para honrar sus merecimientos y eminentes servicios a la Patria. Dicha estatura será nueva y del mayor mérito posible en su ejecución artística”(…)

Continúa… pero no mucho mejor en su contexto…. No solo el acuerdo, sino la situación general de despotismo, constituyentes ilegítimas y estatuas caídas, por lo menos hasta mayo de 2017… y seguimos contando...


 Fotografía tomada de: http://asuntopais.com/wp-content/uploads/2017/05/el-saludante-II-480x270.jpg

lunes, 15 de mayo de 2017

Legitimidad de las reclamaciones de venezolanos en el extranjero a funcionarios, sus familiares y acólitos.



En los pasados días hemos podido observar a través de las redes sociales, manifestaciones de descontento popular, también conocidas como escraches o funas, contra funcionarios públicos, actuales o pasados, contra sus familiares, así como contra particulares, sean estos empresarios, comerciantes, y hasta gente de la farándula y el espectáculo, que se señalan como acólitos de sectores del gobiernos a los que se les atribuye conchupancia en la dilapidación de dineros públicos entre otras corruptelas; manifestaciones que han desbordado el territorio patrio.

En España, Chile, Canadá, Estados Unidos, Francia, Líbano, Colombia, Reino Unido, Italia, Portugal, Alemania, India, México y hasta en Australia se hace latente el gran descontento de los venezolanos que señalan que el régimen ha destruido la institucionalidad democrática, herido de muerte a la democracia y asaltado las arcas de la nación, además de haber sembrado odio, divisiones y muerte, arrastrado el país a la peor crisis de su historia, no solo económica que ya es bastante grave, sino social y humanitaria.

Son también muchos los pronunciamientos y posiciones sobre si es de alguna manera justificable que en otro Estado, puedan los venezolanos con su masiva afluencia y activa presencia afectar el normal desenvolvimiento de esas urbes, actividades generales y calles, profiriendo expresos señalamientos contra quienes señalan como parte de los responsables de la crisis del país; que si es razonable que las reclamaciones se extiendan a los familiares de los referidos funcionarios, especialmente a sus cónyuges e hijos, de quienes ciertos sectores afirman que los hijos ninguna culpa tienen de las tropelías que pudieran haber cometidos los padres; también hay quienes se pronuncian abiertamente que estas personas no deberían tener paz en su día a día mientras vivan en el exterior, personas que son abucheados en sitios públicos, restaurantes, centros culturales o comerciales, universidades, en las urbanizaciones donde habitan, frente a las embajadas y consulados, etc.

Es ante toda esa gran cantidad de informaciones y hechos ocurridos que nos es totalmente comprensible preguntarnos: ¿Son legítimas esas públicas reclamaciones de repudio a los funcionarios, allegados y familiares? ¿Constituirían como se ha señalado por algunas voces actos ilegales y deberían las autoridades de esos Estados aplacar hasta el punto de sofocarlas? ¿Están siendo las personas contra quienes se profieren las expresiones de rechazo víctimas de asedio o acoso y deberían formular las denuncias correspondientes? ¿Pueden y deben las personas, en Venezuela y en el exterior, continuar con la reclamación pública y el abucheo contra quienes ven como responsables de la destrucción del país?

Antes de intentar responder estas nada fáciles cuestiones, bien merece formular unas precisiones que nos ayudaran a que cada uno arribe a su particular conclusión, ya que en definitiva lo que ha de mover esas manifestaciones es su espontaneidad, ya que evidentemente transcienden a cualquier llamado de algún partido político movimiento social determinado, ello independientemente se identifiquen con la resistencia y lucha contra la opresión.

Es evidente que estos son tiempos asuntos que mueve pasiones, pero es muy grave que personas distintas a las que se les hace la reclamación se sometan a tales abucheos. Hay que aprender a verificar la veracidad y verosimilitud de información de la información de las redes, ya que lo contrario puede ocasionar efectos contrarios a los que la reclamación desea y generar un rechazo en la sociedad en que se verifican, no trasmitiendo el verdadero mensaje a la comunidad internacional.

Al igual como ocurre con el tema de los artistas que por su fama se ven expuestos, ellos y sus allegados. a ese precio de la fama y lo que conlleva -valga destacar el asunto de la privacidad de los personajes públicos y los paparazis-, los funcionarios públicos deben entender que el ejercicio de tales funciones y aceptación de los cargos, lleva implícita además de la responsabilidad civil, penal y administrativa, la responsabilidad de la valoración y aceptación moral y social de la comunidad, más específicamente en esta época en la que las nuevas tecnológicas permiten a los ciudadanos pueden ser mucho más activos en su percepción y monitorización de la gobernabilidad y transparencia de la función pública. No es difícil de imaginar que si en vez de abucheos fuesen aplausos y ovaciones, los funcionarios, acólitos y familiares bastante felices estarían dispuestos en volver próximamente a los lugares en los que se les aclamase en público.

El tema sobre si es necesario o no permiso para manifestar en determinado Estado, sus requisitos o si tales manifestaciones pudieran ser consideradas acoso o no, dependerá de la legislación de cada país, aquí no se pretende hacer un estudio detallado de tales ordenamiento, pero ha de señalarse que más allá de desahogarse, quienes manifiestan su descontento a personas especificas, tales manifestaciones también tienen una importante finalidad que no se debe olvidar como lo es la de exponer más allá de las fronteras del país, la verdadera situación de pérdida del Estado de Derecho, la crisis humanitaria y violación de derechos humanos, por lo que debe evitarse incurrir en violentar el ordenamiento de cada uno de esos Estados, sin que ello signifique desistir en la finalidad esencial de desenmascarar la graves violaciones, y si las autoridades de determinado Estado iniciasen alguna investigación o procedimiento, deberá indicárseles por las razones de dicho repudio, y las autoridades de dichos Estados deberían, en caso de tratarse de violaciones de derechos humanos o de corrupción, llevar esas investigaciones, dentro de los límites de su competencia, que en materia de corrupción y violación de derechos humanos suelen ser muy amplias, hasta el punto de investigar más allá tales hechos, verificando la legitimidad del patrimonio de dichas personas en que sustentan la permanencia en determinado país e incluso proceder a la “confiscación civil” o “decomiso de activos sin condena -NCB (Non-Conviction Based Asset Forfeiture)” previstas en los artículos 53 y 54 de la Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción[1], y muchos otros instrumentos de similar naturaleza que conforman el sistema internacional de lucha contra la corrupción.

Sobre la reclamación que se le hace a los hijos de quienes se señalan como supuestos corruptos y otros, debemos ser categóricos en destacar que a los hijos no puede achacársele responsabilidad alguna por los hechos, acciones u omisiones, cualesquiera que sean que hayan cometido sus padres.

Es más que evidente que son personas distintas y es totalmente indebido que se le pretenda exigir responsabilidad civil, penal, ni de ninguna otra, incluso moral o social a alguna persona por algo que no les sea imputable. Pero ahora bien, lo antes afirmado jamás ha de ser entendido en cuanto a que pueda cualquier persona, libre e impunemente hacer uso y disfrutar de activos provenientes de actividades ilícitas como la corrupción, narcotráfico u otras, por lo que ante la situación de que alguien, sean un allegado, familiar, descendiente, ascendiente, quien sea, de una persona que haya obtenido ilícitamente un patrimonio, hace uso y se beneficia del mismo, si bien no es responsable de los actos que generaron esos activos ilícitos, si lo son de su indebido aprovechamiento, siendo su responsabilidad no por ser descendiente de … sino por hecho propio.

Aquí habrá es de destacarse si se trata de menores de edad, a los que jamás, bajo ninguna circunstancia, incluso materialmente beneficiándose del patrimonio que tenga procedencia ilícita podrá someterse a responsabilidad alguna, incluso a pesar que ese patrimonio sea debidamente confiscado por ser de ilegal procedencia –jamás podrá verse como supuesta justificación que se haya destinado a menores de edad el producto de los delitos de corrupción u otros-, pero siendo los allegados, ascendientes o descendientes mayores de edad, han de responder por hecho propio, sino como cómplices, como beneficiarios y usuarios de tal ilegítimo, inmoral e indigno patrimonio, lo que es también condenable, sea esta responsabilidad civil o penal, pero también moral o social.

Igualmente en estos casos, podrán los Estados verificar la procedencia y justificación del patrimonio que sirve de sustento para vivir o estudiar en dicho país, más aún cuando las remuneraciones o antecedentes financieros y económicos de la familia de que se trate no se correspondan con el estilo de vida. Recordemos el caso de Sani Abacha, ex presidente de Nigeria, que no pudo justificar su patrimonio cercano a 3.000 millones de dólares ya que su salario anual era de USD 19.999,00.[2]

Como puede observarse nada fácil es el tratamiento del tema, y probablemente las reflexiones aquí presentadas no ayuden mucho para una definitiva conclusión, pero si hay algo que ha quedado demostrado, es que el sentimiento venezolanidad superó y se desbordó mucho más allá de las fronteras que encierran nuestro territorio; la venezolanidad reclama el daño que se le ha hecho a la patria, reclamación y denuncia que se hace dentro y fuera de esos poco mas de 910 mil kilómetros cuadrados; esa verdadera y genuina venezolanidad que transciende la solicitud de una formalidad para expresar su descontento y resistencia a la opresión que más que escrita en un artículo como lo es el 350 de la carta magna, o incluso en el propio artículo II de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789[3], tiene muy claro el derecho y deber de resistencia constitucional que todo venezolano siente y hace cada vez mas suyo cuando escucha y entona para sí  “Gritemos con brío ¡Muera la opresión!..”



Roberto Hung Cavalieri
Es Abogado de la Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. Venezuela, Especialista en Derecho Procesal Constitucional. Universidad Monteávila. 2014. Caracas. Venezuela; LLM en Derecho Económico Europeo. Université de Droit, d’Economie et des Sciences D’Aix-Marseille. 2001. Aix-en-Provence. Francia; Maestrando en Derecho Procesal Constitucional. Universidad Nacional Lomas de Zamora. 2015. Provincia de Buenos Aires. Argentina. Profesor de Posgrado Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Monteávila. www.chinohung.com.ve, rhungc@gmail.com





[1] Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción
[2] Daniel, Tim y Maton, James. “La recuperación de activos de la corrupción de funcionarios públicos a través de procedimientos civiles”. En la “Recuperación de activos de la corrupción”.  Guillermo Jorge et.al.  Buenos Aires 2008. ISBN 978-987-1397-19-8. Pág. 138
[3] La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión

viernes, 12 de mayo de 2017

La destrucción de la idea de la propiedad como elemento característico del despotismo


La total negación de la dimensión moral de la propiedad en Venezuela.


Cuando pensamos en la propiedad, en el derecho de propiedad, es prácticamente imposible dejar de imaginar un bien específico, principalmente un objeto material, y consecuentemente en su valor monetario; sea el precio que debamos pagar, o el que estemos dispuestos a pagar, para que pase a nuestro patrimonio e integre nuestra propiedad privada; o bien, en caso de ser ya nuestro, el precio que estemos dispuestos a recibir para venderlo y transmitir ese derecho; incluso, a pesar de no comprarlo o venderlo, según sea el caso, ese valor que le asignamos, consciente o inconscientemente, lo comparamos con el valor equivalente de otras cosas, su valor de intercambio.

Aristóteles, en el Libro V “De la Justicia” en “Ética Nicomaquea”, afirmaba: “Por tanto, todas las cosas entre las cuales hay cambio deben de alguna manera poder compararse entre sí. Pues para esto se ha introducido la moneda, que viene a ser en cierto sentido un intercambio. Todas las cosas son medidas por ella, y por la misma razón el exceso que el defecto, determinando cuantos zapatos equivalen a una casa o a cierta cantidad de víveres. Es preciso que la proporción entre el arquitecto y el zapatero corresponda a la de tantos zapatos por la casa o los víveres. Si no hay esto, no habrá transacción ni intercambio, y no habrá la proporción si no son iguales de algún modo las cosas cambiadas. 

Todas las cosas, por tanto, deben ser medidas por una, como se ha dicho antes. En realidad de verdad, esta medida es la necesidad, la cual mantiene unidas todas las cosas. Si de nada tuviesen los hombres necesidad, o las necesidades no fuesen semejantes, no habría cambio, o el cambio no sería el mismo. Más por una convención la moneda ha venido a ser el medio de cambio representativo de la necesidad. Por esta razón ha recibido el nombre de moneda (nómisma) porque no existe por naturaleza, sino por convención (nómòi), y en nosotros está alterarla y hacerla inútil.”[1]

Esa comparación, esa aproximación hacia la propiedad, es la que hemos de entender como su dimensión material, que no es otra que aquella que puede ser perfectamente estimada por su valor monetario, ya que en definitiva el dinero no es más que eso, una unidad de medición de valor de la propiedad en su dimensión material. Las cosas cuestan tal o cual suma de dinero, que se paga o se recibe por el intercambio de la titularidad del derecho de propiedad de una persona a otra.

En efecto esa es una dimensión muy importante de la propiedad privada, jamás se ha dicho lo contrario, ni puede pretenderse ello, pero esa no es su única dimensión, y considerar esa como su única apreciación, o atribuirle mayor importancia de la que verdaderamente tiene, nos hace incurrir en graves errores como el de referir que cuando los Estados deben reconocer, proteger y garantizar el derecho de propiedad, es tanto de la “propiedad grande” como de la “propiedad pequeña”, como si diferencia existiese, y de cuya equívoca  idea se derivan graves prácticas, como las de considerar “pequeños propietarios” o “multi o grandes propietarios” de bienes, para de esa manera limitar su derecho de recibir los frutos civiles de su propiedad a los que tienen derecho[2], cuando lo cierto es que el derecho de propiedad, en su dimensión moral, no tiene tamaño alguno, ni puede ser medida ni valorada, y su protección como derecho constitucional y derecho humano que es[3] ha de proceder independientemente del valor material de los bienes afectados;  por lo que la protección de la propiedad, hemos de entenderla tanto del derecho subjetivo de aquel que tenga un específico bien que le es afectado, limitado, sustraído, expropiado, expoliado o confiscado, como de la garantía y protección de la propiedad como valor constitucional y democrático que es en referencia quién nada suyo tiene, en cuanto a que le asiste el derecho de ser propietario y pasar a su patrimonio personal todo cuanto adquiera de manera lícita.

Cuando los Estados asumen la obligación mediante instrumentos internacionales y en sus cartas fundamentales de respetar y garantizar los derechos humanos, entre ellos el de propiedad, no solo lo hacen en cuanto a que no deberán convertirse estos en agentes directos de expolio de los bienes de los particulares, sino que también deberán los Estados, en toda su estructura, organización y en todas las ramas del poder público, disponer de institutos efectivos de protección y defensa de tal derecho, tanto mediante actos de contenido normativo emanados del poder legislativo, su ejecución por parte del poder ejecutivo y sentencias dictadas por el poder judicial, en las que se proteja y sostenga el derecho de propiedad como tal derecho humano, y nunca en un sentido que resulte en el desconocimiento y negación de su contenido en abstracto como valor.

Si algo es característico de los regímenes totalitarios, más claramente, de la tiranía en general, es la sistemática transgresión de derechos humanos, vaciándolos materialmente de contenido e intentando reducirlos a la nada, todo ello a pesar de que formalmente se incluyen en instrumentos internacionales de derechos humanos y cartas magnas; que en estos despotismos, casi todas ellas no son más que simples constituciones fachadas[4], lo que se agrava al no solo desconocerse que las constituciones son límites al poder y jamás un instrumento para su ejercicio, sino que se atenta contra lo que es el propio poder constituyente, pretendiendo ser convocado en abierta contravención a su espíritu, a la soberanía, a la ciudadanía y al propio Estado de derecho.

Las tiranías declaran actuar apegadas a los derechos humanos y a sus textos fundamentales, a esas constituciones que dicen reconocer y garantizar la vida, mientras se practican ejecuciones extrajudiciales sumarias, que se respeta la libertad y la integridad física, mientras se apresa y se tortura la disidencia política; a la libertad de expresión y a la vez sin procedimiento alguno, se cierran medios de comunicación; y el derecho de propiedad no está exento de ser vulnerado, incluso más que los demás derechos humanos, especialmente en su dimensión moral, derecho de propiedad que resulta violentado de muchas más maneras de las que imaginamos, más allá de la agresión directa por parte del ejecutivo mediante las mal llamadas expropiaciones que en el caso del régimen dictatorial instaurado en Venezuela desde febrero de 1999, no son más que graves expolios, y que más allá de la garantía y protección contenidas en las leyes, estamos hablando de la violación de la propiedad en abstracto, en su contenido moral por parte del poder judicial[5]; veamos:

Los Estados, en el ejercicio de la función jurisdiccional, esto es, al impartir justicia, no solo al dirimir controversias entre particulares, sino también al decidir contenciones entre particulares y la administración, al igual que las demás ramas del poder público, deben garantizar y respetar los derechos humanos de los ciudadanos, derechos entre los cuales se encuentra el de la propiedad; incurriendo no solo en responsabilidad el Estado transgresor, sino que también deben responder personalmente los propios jueces, en aquellos caso de vulneración de tales derechos.

En cuanto a la vulneración de la propiedad por parte del gobierno, que en el caso venezolano ya, desde hace mucho, puede calificarse de régimen dictatorial, el poder judicial, y específicamente los jueces contencioso administrativos, más que ineficaces para controlar a la administración como es de su esencia y justificación, han devenido en activos cómplices en las expoliaciones cometidas, no solo al no declarar la nulidad de actuaciones totalmente viciadas, sino que dictan “cosas” que pretenden sean tenidas como sentencias con las que dar un velo de legitimidad a la espuria actuación del régimen en su tareas de expolio y apoderamiento de bienes propiedad de terceros.

Pero no solo la vulneración a la propiedad ocurre en sede judicial ante la material ineficacia de las causas contencioso administrativas, ello se verifica en todo el andamiaje judicial en que los usuarios del servicio público de administración de justicia, sea en los tribunales civiles, mercantiles, de menores, penales, agrarios, penales y cualesquiera otros, resultan con sus derechos totalmente conculcados, tanto en su dimensión material como moral.

No es difícil observar como en aquellas acciones concebidas en defensa, protección y garantía del derecho de propiedad, bien sean aquellas de carácter penal tendientes a la determinación de la responsabilidad penal por delitos contra la propiedad, o acciones civiles como lo son los interdictos posesorios, acciones  reivindicatorias, redhibitorias, demandas de resolución o cumplimiento de contrato, o incluso aquellas de reclamación de daños y perjuicios, al no ser tramitadas y decididas con estricto respeto al debido proceso y derecho a la defensa, con la debida apreciación y valoración de las pruebas, mediante una sentencia de mérito motivada que no evada resolver el fondo de la controversia y dictada en un tiempo prudencial, además de incurrir en la violación del también derecho fundamental al debido proceso y a la tutela judicial efectiva[6], pueden incurrir en violación del derecho de propiedad, que es de reiterar no solo le sería imputable al Estado, pero también de manera personal a los jueces; pudiendo exigírseles a éstos, tanto al Estado como a los jueces, las consecuentes indemnizaciones por los daños generados por su actuación, sea ésta regular o irregular; responsabilidad personal de los funcionarios judiciales que justifica y es requisitos de existencia de la función judicial desde los propios antecedentes del Estado moderno[7].

Sin la posibilidad de hacer materialmente exigible la responsabilidad del Estado, así como la responsabilidad personal y directa de los jueces por sus gestiones y las consecuencias de sus decisiones, no puede hablarse de un verdadero Estado de derecho.

Por desgracia, en la Venezuela de hoy, en la que no existe ya Estado de derecho sino un “estado de cosas”, en la Venezuela “desconstitucionalizada”[8], no es extraño observar como resulta totalmente violado el derecho de propiedad, no solo de las partes en su esfera patrimonial, sino del derecho de propiedad en abstracto, en su dimensión moral, cuando un juez que conforme al procedimiento previsto para una demanda de resolución de contrato de arrendamiento en el que debe dictar sentencia en 10 días, tarda más de tres años y medio, y además, lo hace declarando sin lugar la demanda ante la interposición de un amparo por omisión de pronunciamiento judicial, y a pesar de ello, posteriormente obstaculiza y niega la interposición del recurso de apelación mediante ardides procesales. En esta causa, el propietario de un inmueble ve vulnerado su derecho de propiedad al frustrarse el derecho de servirse de los frutos civiles del mismo, que para el momento de celebración del contrato recibía una suma equivalente a 3.645,83 dólares y que actualmente recibe a duras penas el equivalente a 5 dólares, sí 5 dólares, afectación de su derecho de propiedad que no solo es imputable al Estado ante las perversas normas de carácter arrendaticio, sino también de manera personal del juez[9] de la causa por la irregular prestación del servicio público de justicia.

También se ve gravemente vaciada de contenido la propiedad privada, más que como derecho, como valor constitucional y derecho humano, cuando ante el estado permanente de cosas y la desconstitucionalización generalizada, pueden particulares hacerse ilegítimamente de bienes ajenos mediante ardides documentales sin que las instituciones públicas y en especial los tribunales, detengan el expolio privado, todo lo cual ocurre cuando los agraviados acuden a las instancias judiciales e interponen las acciones de defensa de la propiedad y la posesión, y encuentran en el poder judicial y específicamente en la persona de los jueces en vez de garantes del derecho constitucional, agentes conniventes de la desposesión, quienes dictan fallos que también resultan violatorios al debido proceso y a la tutela judicial efectiva[10], y qué decir de la grave afectación de las acreencias producto de la relación laboral de los trabajadores de la línea aérea bandera de Venezuela, VIASA, que a más de veinte años, si 20 años, desde que cesaran operaciones y se iniciase el procedimiento concursal de atraso que luego deviniera en quiebra[11], existen ex trabajadores que no han visto satisfechas sus acreencias, que más allá de las discusiones sobre el verdadero alcance de los llamados derechos sociales y entre ellos el derecho al trabajo, aquí se está es ante una grosera y abierta violación al derecho de propiedad, ya que si una persona tiene una acreencia, sea civil, mercantil, laboral o de cualquier otra índole, en tal caso de incumplimiento del deudor en su pago, deberá ser conminado efectivamente por los tribunales a cumplir su obligación; en caso contrario, que resulte ineficaz la función jurisdiccional para tal fin, se vulnera el derecho de propiedad, pero ahora no solo imputable al particular, sino ya al Estado, específicamente al poder judicial y con más detalle a la persona del juez que conociera la causa, con lo que además resulta violado el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, transgresiones por las que además podría exigirse la responsabilidad internacional del Estado en sistemas internacionales de protección de derechos humanos como el Interamericano[12], en el que si bien las condenatorias por violación del derecho de propiedad son relativamente pocas comparadas con las atinentes a violaciones de otros derechos, se han manifestado contra algunos Estados por tales transgresiones, y es por ello que no se deben dejar de interponer las acciones que correspondan y así procurar un mayor número de fallos.

¿A qué nos referimos entonces cuando destacamos la destrucción de la dimensión moral de la propiedad?

Toda propiedad, material o inmaterial, surge, tiene un origen que puede ser el trabajo, sea físico o intelectual, una inversión, el comercio, una sucesión, un legado; puede ser producto de frutos naturales o civiles, cualquiera que sea; ese origen, esa fuente, esas causas de la propiedad que luego devienen en su materialización, conforma esa dimensión moral del propiedad, y la van a acompañar incluso más allá de su extinción, por ello es que incluso luego de ser sustraído ilegítimamente un bien, destruido por un hecho ilícito, o expoliado indebidamente, a su titular le asiste todo el derecho de reclamar bien sea la recuperación de su posesión y, en caso de no ser posible, la debida indemnización.

Cuando una persona a través de su trabajo y esfuerzo, siempre que sea lícito y no afecte los derechos de otros, incrementa su patrimonio o adquiere bienes, ese patrimonio lleva consigo toda esa carga, ese esfuerzo y entrega que le precedió y es su causa, por eso es que un vehículo, una casa, una joya, una vestimenta, un viaje, un buen libro, una rica cena y un buen vino con alguien especial, saben mejor, se sienten mejor, lucen mejor, cuando tienen esa dimensión moral, cuando provienen de causa legítima y sean producto de ese esfuerzo y trabajo nuestro o de nuestros causantes, o de la verdadera amistad que se complacen en hacernos un presente independientemente de su estimación material; mientras que por el contrario, no sabe bien, no luce bien, no sienta bien todo aquello que carece de ese sustrato moral, por eso es que todo aquello que es producto de prácticas corruptas, del delito, del narcotráfico, de todo aquello que no lleva consigo una causa lícita, jamás podrá ser debidamente apreciado en su plenitud, y no en vano hemos de observar como a quienes no les han costado las cosas, ni reconocen el empeño de sus antepasados en crear ese patrimonio, moral y material, así como ocurre con los corruptos y maleantes, y aquí que valga la redundancia, que con toda ligereza, al no entender el valor de las cosas, hablan de cientos, miles y millones, y hasta se atreven a afirmar que ser rico es malo, cuando todo su actuar no está sino vinculado al hacer fortunas gracias a la agresión de los otros y al robo de sus esfuerzos y esperanzas.

No es muy distinto cuando un malhechor, un ladrón, toma una propiedad que no es suya, cuando un estafador mediante engaños se hace de un dinero, cuando un funcionario mediante el pago de una coima o a través de extorsiones incrementa su patrimonio, cuando un político mediante estratagemas y manipulaciones otorga un contrato, o cuando se expolia a un ciudadano de su propiedad bajo el uso del eufemismo de la expropiación y no se paga indemnización, se está vulnerando en todos estos casos la propiedad, no solo en su dimensión material, sino en la moral, afectándonos a todos y cada uno de nosotros.

Un régimen despótico en el que se ha permitido y promovido la corrupción en todos los niveles y en todas las ramas del poder, que desconoce el Estado de derecho y la constitución, los derechos fundamentales, y en particular destruye el derecho de propiedad, tanto su dimensión material pero más profundamente su valor moral, no es más que, como Alfieri afirmaba, una tiranía y todo su pueblo esclavo[13].

  



[1] Citado en “¿Cuánto cuesta en realidad un Dólar?” De Roberto Hung C., Disponible en: http://www.chinohung.com.ve/2014/12/cuanto-cuesta-en-realidad-un-dolar.html
[2] En Venezuela en materia de arrendamiento existe un perverso cuerpo normativo como lo es la “Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas”, una de cuyas disposiciones establece que las personas naturales o morales que sean propietarios de tres (3) o más unidades de vivienda no pueden cobrar sino el 3% anual de su valor, el cual, además es fijado por la propia administración gubernamental en montos que en casos siquiera equivale a una centésima parte de su verdadero valor de intercambio; situación totalmente violatoria al derecho de propiedad y a la libre determinación de las partes, ya que somete todos los aspectos del contrato a la arbitrariedad de la autoridad, pero que se agrava mucho más con la discriminación basada en supuestamente ser pequeño o gran propietario, a los que les llama “pequeño arrendador” o “multiarrendador”.
[3] Ver Arts. II y XVII de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, Art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 17 de laDeclaración Universal de Derechos Humanos, Art. XXIII de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, Art. 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y el Art. 1 del Protocolo adicional al Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
[4] Sartori, Giovanni. Elementos de teoría política. Alianza Editorial. Madrid 1992. ISBN: 978-84-206-7955-6. Pág. 21. 
[5] Ver La protección de la propiedad y la responsabilidad por las mal llamadas expropiaciones que no son más que materiales expoliaciones” de Roberto Hung Cavalieri. Nº 6 de la Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional de Venezuela. Disponible en: http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/962.pdf
[6] El acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, además de ser derechos fundamentales consagrados en las Constituciones de los Estados, también están contenidos en enunciados de instrumentos internacionales de derechos humanos tales como los arts. 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 8 al 11 de laDeclaración Universal de Derechos Humanos, art. XVIII de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, Título VI de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los arts. 6 y 13 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
[7] La responsabilidad personal de los jueces puede estudiarse a través de sus muy importantes antecedentes, entre los que pueden destacarse Los Decreta de León de 1188 suscritos por Alfonso IX de León, especialmente sus capítulos VII, VIII, IX y XII. Disponible en la página de la Secretaria de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/registro-memoria-unesco/2013/decreta-curia-regia/1-mandato-alfonso-ix/decreta-leon-version-espanola.pdf
También resulta de interés, en materia de protección de la propiedad el antecedente representado por la Carta Magna Inglesa de 1215, en sus artículos 39, 40, 52, 55, 56, 57 y 61, cuyo texto se encuentra disponible en http://www.constitution.org/eng/magnacar.htm.

[8] Sagüés Néstor Pedro, “El concepto de «desconstitucionalización». Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

[9] Caso Germán Rincón Acosta Vs. KTM SPORTSMOTORCYCLES. Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de Caracas Exp. Nº AP11-V-2014-000037 a cargo del juez César Mata Rengifo.
[10] Tal es el asunto relativo a las acciones de defensa y la posesión interpuesta por Manuel Mariña Vs. Inversiones Alemaka, C.A. representada por Iván A. Kaufman González, y cuyos apoderados judiciales en dicha causa son los profesionales Luis Antonio Maya Rojas, Leonardo Palacios Márquez, José Gregorio Torres Rodríguez, Juan Esteban Korody Tagliaferro, Ana Isabel Pallares Parés, Erika Cornilliac Malaret, Rodrigo Lange Carías, Daniel Betancourt Ramirez, Gloria Cedeño Ruiz, Ramón Escovar León, Ramón J. Escovar Alvarado, Juan Enrique Croes Campell, Andrés Carrasquero Stolk, Juan Andrés Suárez Otaola, Maritza Méndez Zambrabo, Mariana Rivas Orta, Andrea Ochoa Reyes, Rosnell Carrasco y Miguel Enrique Porras Adarmes, en los juzgados: (i) Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de Caracas Exp. Nº AP11-V-2013-001480 a cargo de la juez Carolina M. García Cedeño; (ii) Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de Caracas Exp. Nº AP11-V-2014-00720 a cargo del juez Luis Rodolfo Herrera, (iii) Superior Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de Caracas Exp. Nº AP71-R-2015-00895 a cargo de la juez Indira París Bruni; entre otros.
[11] La solicitud de atraso de VENEZOLANA INTERNACIONAL DE AVIACIÓN, S.A., (VIASA), fue presentada en fecha 28 de febrero de 1997, procedimiento concursal de quiebra que actualmente se tramita ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de Caracas. Exp. Nº AH14-M-2008-000022.
[12] Casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: (i) Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, (ii) Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador, y (iii) Salvador Chiriboga vs. Ecuador.
CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú. (24/11/2006). Serie C No 158.
CIDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador. (21/11/2007). Serie C No 170.
CIDH. Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. (06/05/2008). Serie C No 179.
[13] Alfieri, Víctor. De la Tiranía. Colección clásicos Fundación Manuel García-Pelayo. Caracas 2006. Obra disponible en italiano en: http://www.liberliber.it/mediateca/libri/a/alfieri/della_tirannide/pdf/della__p.pdf
Ver: http://www.chinohung.com.ve/2015/12/aprendiendo-un-poco-italiano-de.html
Fotografìa tomada de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corrupt-Legislation-Vedder-Highsmith-detail-1.jpeg 
Ver: http://www.chinohung.com.ve/2015/08/legislacion-corrupta.html