A
22 años de la cesación de sus operaciones.
El
11 de febrero de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
de la OEA abrió a trámite una petición contra Venezuela ante lo
que sería la violación de derechos humanos de trabajadores de la
aerolínea que a pesar de haber cesado operaciones el 28 de febrero
de 1997 e iniciado el proceso de liquidación hasta la presente fecha
no han sido satisfechas las obligaciones dinerarias, en particular
aquellas que tienen origen laboral como lo son las de trabajadores,
jubilados y pensionados.
Roberto
Hung Cavalieri (rhungc@gmail.com), profesional del derecho que
presentase la acción ante la Comisión con sede en Washington en
octubre de 2017 refirió que los derechos señalados como violados
son los de acceso a la justicia, tutela judicial efectiva, derecho de
propiedad y de acceso a la información, contenidos en los artículos
8.1, 13 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, XVI
y XVIII de la Declaración Americana sobre derechos y deberes del
hombre y los artículos 26, 49, 115 y 257 de la Constitución
venezolana.
Expone
el profesional que si bien cuando nos referimos a los derechos
fundamentales y su violación destacan y son más visibles aquellos
relativos a la vida e integridad física de las personas, otros
derechos de igual superior jerarquía como lo son los de libertad y
propiedad, que han resultado absolutamente transgredidos por el
estado venezolano cuya responsabilidad internacional se reclama.
Específicamente
destacó que el caso particular han transcurrido más de veinte años
en que las causas judiciales correspondientes se han iniciado sin que
se haya materializado pago alguno de estos conceptos considerados
privilegiados en que muchos trabajadores incluso han fallecido,
mientras la situación se agrava ante la dilapidación del patrimonio
de la empresa y el envilecimiento de la moneda.
Además
de corresponder al poder judicial la responsabilidad, se indicó que
el propio Banco Central de Venezuela incurre en transgresiones al no
indicar desde el año 2015 los índices de inflación.
Si
bien la petición fue presentada por uno de tantos afectados, todo
aquel que considere que ha sido vulnerado en sus derechos puede
hacerse parte en el procedimiento sin necesidad de iniciar una nueva
petición y para lo cual puede contactar al abogado y otorgarle
autorización para actuar ante el organismo internacional.
La
próxima etapa del proceso es que el estado venezolano deberá
informar dentro de tres meses sobre la situación denunciada.
fotografía tomada de: https://www.puentedemando.com/en-memoria-de-viasa/
