miércoles, 24 de mayo de 2017

Entre despotismos, constituyentes y estatuas caídas te veas...



Lo que a continuación se muestra es transcripción parcial del “Acuerdo del 28 de abril de 1879 que declara nulos los actos dictados desde el 12 de septiembre de 1878, inclusive los de la titulada Asamblea Constituyente, hasta que cesó el régimen ilegal y arbitrario del que emanaron; y se ordena la reposición de la estatua ecuestre que la gratitud nacional erigió al Ilustre Americano”.

Reza:

“El Congreso de Plenipotenciarios de los Estados Unidos de Venezuela, representante de las autonomías de los Estados e intérprete de la voluntad de las mayorías pobladoras, que han reconocido y proclamado al Ilustre Americano Regenerador de Venezuela General Antonio guzmán Blanco, Supremo Director de la Reivindicación Nacional, y protestando de una manera tan universal como espléndida contra todos los actos emanados de la usurpación consumada el 12 de septiembre de 1978, por un Poder que conculcó las leyes y holló la dignidad del derecho de la República, acuerda:

Artículo 1º. Son írritos, nulos y destituidos de todo valor y fuerza legal, todos los actos dictados desde el 12 de septiembre de 1878 por el Gobierno que rompió en esa fecha los títulos de su autoridad legal convocando una Asamblea Constituyente, para reformar de una manera arbitraria las instituciones nacionales; y nulos también todos los actos de dicha Asamblea revolucionaria reunida en la capital de la Unión el 11 de diciembre del mismo año para consumar la usurpación.

Art. 2º Procédase inmediatamente a la reposición de la estatua ecuestre que la gratitud nacional erigió al Ilustre Americano General Antonio Guzmán Blanco, en la capital de la República, para honrar sus merecimientos y eminentes servicios a la Patria. Dicha estatura será nueva y del mayor mérito posible en su ejecución artística”(…)

Continúa… pero no mucho mejor en su contexto…. No solo el acuerdo, sino la situación general de despotismo, constituyentes ilegítimas y estatuas caídas, por lo menos hasta mayo de 2017… y seguimos contando...


 Fotografía tomada de: http://asuntopais.com/wp-content/uploads/2017/05/el-saludante-II-480x270.jpg

lunes, 15 de mayo de 2017

Legitimidad de las reclamaciones de venezolanos en el extranjero a funcionarios, sus familiares y acólitos.



En los pasados días hemos podido observar a través de las redes sociales, manifestaciones de descontento popular, también conocidas como escraches o funas, contra funcionarios públicos, actuales o pasados, contra sus familiares, así como contra particulares, sean estos empresarios, comerciantes, y hasta gente de la farándula y el espectáculo, que se señalan como acólitos de sectores del gobiernos a los que se les atribuye conchupancia en la dilapidación de dineros públicos entre otras corruptelas; manifestaciones que han desbordado el territorio patrio.

En España, Chile, Canadá, Estados Unidos, Francia, Líbano, Colombia, Reino Unido, Italia, Portugal, Alemania, India, México y hasta en Australia se hace latente el gran descontento de los venezolanos que señalan que el régimen ha destruido la institucionalidad democrática, herido de muerte a la democracia y asaltado las arcas de la nación, además de haber sembrado odio, divisiones y muerte, arrastrado el país a la peor crisis de su historia, no solo económica que ya es bastante grave, sino social y humanitaria.

Son también muchos los pronunciamientos y posiciones sobre si es de alguna manera justificable que en otro Estado, puedan los venezolanos con su masiva afluencia y activa presencia afectar el normal desenvolvimiento de esas urbes, actividades generales y calles, profiriendo expresos señalamientos contra quienes señalan como parte de los responsables de la crisis del país; que si es razonable que las reclamaciones se extiendan a los familiares de los referidos funcionarios, especialmente a sus cónyuges e hijos, de quienes ciertos sectores afirman que los hijos ninguna culpa tienen de las tropelías que pudieran haber cometidos los padres; también hay quienes se pronuncian abiertamente que estas personas no deberían tener paz en su día a día mientras vivan en el exterior, personas que son abucheados en sitios públicos, restaurantes, centros culturales o comerciales, universidades, en las urbanizaciones donde habitan, frente a las embajadas y consulados, etc.

Es ante toda esa gran cantidad de informaciones y hechos ocurridos que nos es totalmente comprensible preguntarnos: ¿Son legítimas esas públicas reclamaciones de repudio a los funcionarios, allegados y familiares? ¿Constituirían como se ha señalado por algunas voces actos ilegales y deberían las autoridades de esos Estados aplacar hasta el punto de sofocarlas? ¿Están siendo las personas contra quienes se profieren las expresiones de rechazo víctimas de asedio o acoso y deberían formular las denuncias correspondientes? ¿Pueden y deben las personas, en Venezuela y en el exterior, continuar con la reclamación pública y el abucheo contra quienes ven como responsables de la destrucción del país?

Antes de intentar responder estas nada fáciles cuestiones, bien merece formular unas precisiones que nos ayudaran a que cada uno arribe a su particular conclusión, ya que en definitiva lo que ha de mover esas manifestaciones es su espontaneidad, ya que evidentemente transcienden a cualquier llamado de algún partido político movimiento social determinado, ello independientemente se identifiquen con la resistencia y lucha contra la opresión.

Es evidente que estos son tiempos asuntos que mueve pasiones, pero es muy grave que personas distintas a las que se les hace la reclamación se sometan a tales abucheos. Hay que aprender a verificar la veracidad y verosimilitud de información de la información de las redes, ya que lo contrario puede ocasionar efectos contrarios a los que la reclamación desea y generar un rechazo en la sociedad en que se verifican, no trasmitiendo el verdadero mensaje a la comunidad internacional.

Al igual como ocurre con el tema de los artistas que por su fama se ven expuestos, ellos y sus allegados. a ese precio de la fama y lo que conlleva -valga destacar el asunto de la privacidad de los personajes públicos y los paparazis-, los funcionarios públicos deben entender que el ejercicio de tales funciones y aceptación de los cargos, lleva implícita además de la responsabilidad civil, penal y administrativa, la responsabilidad de la valoración y aceptación moral y social de la comunidad, más específicamente en esta época en la que las nuevas tecnológicas permiten a los ciudadanos pueden ser mucho más activos en su percepción y monitorización de la gobernabilidad y transparencia de la función pública. No es difícil de imaginar que si en vez de abucheos fuesen aplausos y ovaciones, los funcionarios, acólitos y familiares bastante felices estarían dispuestos en volver próximamente a los lugares en los que se les aclamase en público.

El tema sobre si es necesario o no permiso para manifestar en determinado Estado, sus requisitos o si tales manifestaciones pudieran ser consideradas acoso o no, dependerá de la legislación de cada país, aquí no se pretende hacer un estudio detallado de tales ordenamiento, pero ha de señalarse que más allá de desahogarse, quienes manifiestan su descontento a personas especificas, tales manifestaciones también tienen una importante finalidad que no se debe olvidar como lo es la de exponer más allá de las fronteras del país, la verdadera situación de pérdida del Estado de Derecho, la crisis humanitaria y violación de derechos humanos, por lo que debe evitarse incurrir en violentar el ordenamiento de cada uno de esos Estados, sin que ello signifique desistir en la finalidad esencial de desenmascarar la graves violaciones, y si las autoridades de determinado Estado iniciasen alguna investigación o procedimiento, deberá indicárseles por las razones de dicho repudio, y las autoridades de dichos Estados deberían, en caso de tratarse de violaciones de derechos humanos o de corrupción, llevar esas investigaciones, dentro de los límites de su competencia, que en materia de corrupción y violación de derechos humanos suelen ser muy amplias, hasta el punto de investigar más allá tales hechos, verificando la legitimidad del patrimonio de dichas personas en que sustentan la permanencia en determinado país e incluso proceder a la “confiscación civil” o “decomiso de activos sin condena -NCB (Non-Conviction Based Asset Forfeiture)” previstas en los artículos 53 y 54 de la Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción[1], y muchos otros instrumentos de similar naturaleza que conforman el sistema internacional de lucha contra la corrupción.

Sobre la reclamación que se le hace a los hijos de quienes se señalan como supuestos corruptos y otros, debemos ser categóricos en destacar que a los hijos no puede achacársele responsabilidad alguna por los hechos, acciones u omisiones, cualesquiera que sean que hayan cometido sus padres.

Es más que evidente que son personas distintas y es totalmente indebido que se le pretenda exigir responsabilidad civil, penal, ni de ninguna otra, incluso moral o social a alguna persona por algo que no les sea imputable. Pero ahora bien, lo antes afirmado jamás ha de ser entendido en cuanto a que pueda cualquier persona, libre e impunemente hacer uso y disfrutar de activos provenientes de actividades ilícitas como la corrupción, narcotráfico u otras, por lo que ante la situación de que alguien, sean un allegado, familiar, descendiente, ascendiente, quien sea, de una persona que haya obtenido ilícitamente un patrimonio, hace uso y se beneficia del mismo, si bien no es responsable de los actos que generaron esos activos ilícitos, si lo son de su indebido aprovechamiento, siendo su responsabilidad no por ser descendiente de … sino por hecho propio.

Aquí habrá es de destacarse si se trata de menores de edad, a los que jamás, bajo ninguna circunstancia, incluso materialmente beneficiándose del patrimonio que tenga procedencia ilícita podrá someterse a responsabilidad alguna, incluso a pesar que ese patrimonio sea debidamente confiscado por ser de ilegal procedencia –jamás podrá verse como supuesta justificación que se haya destinado a menores de edad el producto de los delitos de corrupción u otros-, pero siendo los allegados, ascendientes o descendientes mayores de edad, han de responder por hecho propio, sino como cómplices, como beneficiarios y usuarios de tal ilegítimo, inmoral e indigno patrimonio, lo que es también condenable, sea esta responsabilidad civil o penal, pero también moral o social.

Igualmente en estos casos, podrán los Estados verificar la procedencia y justificación del patrimonio que sirve de sustento para vivir o estudiar en dicho país, más aún cuando las remuneraciones o antecedentes financieros y económicos de la familia de que se trate no se correspondan con el estilo de vida. Recordemos el caso de Sani Abacha, ex presidente de Nigeria, que no pudo justificar su patrimonio cercano a 3.000 millones de dólares ya que su salario anual era de USD 19.999,00.[2]

Como puede observarse nada fácil es el tratamiento del tema, y probablemente las reflexiones aquí presentadas no ayuden mucho para una definitiva conclusión, pero si hay algo que ha quedado demostrado, es que el sentimiento venezolanidad superó y se desbordó mucho más allá de las fronteras que encierran nuestro territorio; la venezolanidad reclama el daño que se le ha hecho a la patria, reclamación y denuncia que se hace dentro y fuera de esos poco mas de 910 mil kilómetros cuadrados; esa verdadera y genuina venezolanidad que transciende la solicitud de una formalidad para expresar su descontento y resistencia a la opresión que más que escrita en un artículo como lo es el 350 de la carta magna, o incluso en el propio artículo II de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789[3], tiene muy claro el derecho y deber de resistencia constitucional que todo venezolano siente y hace cada vez mas suyo cuando escucha y entona para sí  “Gritemos con brío ¡Muera la opresión!..”



Roberto Hung Cavalieri
Es Abogado de la Universidad Católica Andrés Bello. Caracas. Venezuela, Especialista en Derecho Procesal Constitucional. Universidad Monteávila. 2014. Caracas. Venezuela; LLM en Derecho Económico Europeo. Université de Droit, d’Economie et des Sciences D’Aix-Marseille. 2001. Aix-en-Provence. Francia; Maestrando en Derecho Procesal Constitucional. Universidad Nacional Lomas de Zamora. 2015. Provincia de Buenos Aires. Argentina. Profesor de Posgrado Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Monteávila. www.chinohung.com.ve, rhungc@gmail.com





[1] Convención de la Naciones Unidas Contra la Corrupción
[2] Daniel, Tim y Maton, James. “La recuperación de activos de la corrupción de funcionarios públicos a través de procedimientos civiles”. En la “Recuperación de activos de la corrupción”.  Guillermo Jorge et.al.  Buenos Aires 2008. ISBN 978-987-1397-19-8. Pág. 138
[3] La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión

viernes, 12 de mayo de 2017

La destrucción de la idea de la propiedad como elemento característico del despotismo


La total negación de la dimensión moral de la propiedad en Venezuela.


Cuando pensamos en la propiedad, en el derecho de propiedad, es prácticamente imposible dejar de imaginar un bien específico, principalmente un objeto material, y consecuentemente en su valor monetario; sea el precio que debamos pagar, o el que estemos dispuestos a pagar, para que pase a nuestro patrimonio e integre nuestra propiedad privada; o bien, en caso de ser ya nuestro, el precio que estemos dispuestos a recibir para venderlo y transmitir ese derecho; incluso, a pesar de no comprarlo o venderlo, según sea el caso, ese valor que le asignamos, consciente o inconscientemente, lo comparamos con el valor equivalente de otras cosas, su valor de intercambio.

Aristóteles, en el Libro V “De la Justicia” en “Ética Nicomaquea”, afirmaba: “Por tanto, todas las cosas entre las cuales hay cambio deben de alguna manera poder compararse entre sí. Pues para esto se ha introducido la moneda, que viene a ser en cierto sentido un intercambio. Todas las cosas son medidas por ella, y por la misma razón el exceso que el defecto, determinando cuantos zapatos equivalen a una casa o a cierta cantidad de víveres. Es preciso que la proporción entre el arquitecto y el zapatero corresponda a la de tantos zapatos por la casa o los víveres. Si no hay esto, no habrá transacción ni intercambio, y no habrá la proporción si no son iguales de algún modo las cosas cambiadas. 

Todas las cosas, por tanto, deben ser medidas por una, como se ha dicho antes. En realidad de verdad, esta medida es la necesidad, la cual mantiene unidas todas las cosas. Si de nada tuviesen los hombres necesidad, o las necesidades no fuesen semejantes, no habría cambio, o el cambio no sería el mismo. Más por una convención la moneda ha venido a ser el medio de cambio representativo de la necesidad. Por esta razón ha recibido el nombre de moneda (nómisma) porque no existe por naturaleza, sino por convención (nómòi), y en nosotros está alterarla y hacerla inútil.”[1]

Esa comparación, esa aproximación hacia la propiedad, es la que hemos de entender como su dimensión material, que no es otra que aquella que puede ser perfectamente estimada por su valor monetario, ya que en definitiva el dinero no es más que eso, una unidad de medición de valor de la propiedad en su dimensión material. Las cosas cuestan tal o cual suma de dinero, que se paga o se recibe por el intercambio de la titularidad del derecho de propiedad de una persona a otra.

En efecto esa es una dimensión muy importante de la propiedad privada, jamás se ha dicho lo contrario, ni puede pretenderse ello, pero esa no es su única dimensión, y considerar esa como su única apreciación, o atribuirle mayor importancia de la que verdaderamente tiene, nos hace incurrir en graves errores como el de referir que cuando los Estados deben reconocer, proteger y garantizar el derecho de propiedad, es tanto de la “propiedad grande” como de la “propiedad pequeña”, como si diferencia existiese, y de cuya equívoca  idea se derivan graves prácticas, como las de considerar “pequeños propietarios” o “multi o grandes propietarios” de bienes, para de esa manera limitar su derecho de recibir los frutos civiles de su propiedad a los que tienen derecho[2], cuando lo cierto es que el derecho de propiedad, en su dimensión moral, no tiene tamaño alguno, ni puede ser medida ni valorada, y su protección como derecho constitucional y derecho humano que es[3] ha de proceder independientemente del valor material de los bienes afectados;  por lo que la protección de la propiedad, hemos de entenderla tanto del derecho subjetivo de aquel que tenga un específico bien que le es afectado, limitado, sustraído, expropiado, expoliado o confiscado, como de la garantía y protección de la propiedad como valor constitucional y democrático que es en referencia quién nada suyo tiene, en cuanto a que le asiste el derecho de ser propietario y pasar a su patrimonio personal todo cuanto adquiera de manera lícita.

Cuando los Estados asumen la obligación mediante instrumentos internacionales y en sus cartas fundamentales de respetar y garantizar los derechos humanos, entre ellos el de propiedad, no solo lo hacen en cuanto a que no deberán convertirse estos en agentes directos de expolio de los bienes de los particulares, sino que también deberán los Estados, en toda su estructura, organización y en todas las ramas del poder público, disponer de institutos efectivos de protección y defensa de tal derecho, tanto mediante actos de contenido normativo emanados del poder legislativo, su ejecución por parte del poder ejecutivo y sentencias dictadas por el poder judicial, en las que se proteja y sostenga el derecho de propiedad como tal derecho humano, y nunca en un sentido que resulte en el desconocimiento y negación de su contenido en abstracto como valor.

Si algo es característico de los regímenes totalitarios, más claramente, de la tiranía en general, es la sistemática transgresión de derechos humanos, vaciándolos materialmente de contenido e intentando reducirlos a la nada, todo ello a pesar de que formalmente se incluyen en instrumentos internacionales de derechos humanos y cartas magnas; que en estos despotismos, casi todas ellas no son más que simples constituciones fachadas[4], lo que se agrava al no solo desconocerse que las constituciones son límites al poder y jamás un instrumento para su ejercicio, sino que se atenta contra lo que es el propio poder constituyente, pretendiendo ser convocado en abierta contravención a su espíritu, a la soberanía, a la ciudadanía y al propio Estado de derecho.

Las tiranías declaran actuar apegadas a los derechos humanos y a sus textos fundamentales, a esas constituciones que dicen reconocer y garantizar la vida, mientras se practican ejecuciones extrajudiciales sumarias, que se respeta la libertad y la integridad física, mientras se apresa y se tortura la disidencia política; a la libertad de expresión y a la vez sin procedimiento alguno, se cierran medios de comunicación; y el derecho de propiedad no está exento de ser vulnerado, incluso más que los demás derechos humanos, especialmente en su dimensión moral, derecho de propiedad que resulta violentado de muchas más maneras de las que imaginamos, más allá de la agresión directa por parte del ejecutivo mediante las mal llamadas expropiaciones que en el caso del régimen dictatorial instaurado en Venezuela desde febrero de 1999, no son más que graves expolios, y que más allá de la garantía y protección contenidas en las leyes, estamos hablando de la violación de la propiedad en abstracto, en su contenido moral por parte del poder judicial[5]; veamos:

Los Estados, en el ejercicio de la función jurisdiccional, esto es, al impartir justicia, no solo al dirimir controversias entre particulares, sino también al decidir contenciones entre particulares y la administración, al igual que las demás ramas del poder público, deben garantizar y respetar los derechos humanos de los ciudadanos, derechos entre los cuales se encuentra el de la propiedad; incurriendo no solo en responsabilidad el Estado transgresor, sino que también deben responder personalmente los propios jueces, en aquellos caso de vulneración de tales derechos.

En cuanto a la vulneración de la propiedad por parte del gobierno, que en el caso venezolano ya, desde hace mucho, puede calificarse de régimen dictatorial, el poder judicial, y específicamente los jueces contencioso administrativos, más que ineficaces para controlar a la administración como es de su esencia y justificación, han devenido en activos cómplices en las expoliaciones cometidas, no solo al no declarar la nulidad de actuaciones totalmente viciadas, sino que dictan “cosas” que pretenden sean tenidas como sentencias con las que dar un velo de legitimidad a la espuria actuación del régimen en su tareas de expolio y apoderamiento de bienes propiedad de terceros.

Pero no solo la vulneración a la propiedad ocurre en sede judicial ante la material ineficacia de las causas contencioso administrativas, ello se verifica en todo el andamiaje judicial en que los usuarios del servicio público de administración de justicia, sea en los tribunales civiles, mercantiles, de menores, penales, agrarios, penales y cualesquiera otros, resultan con sus derechos totalmente conculcados, tanto en su dimensión material como moral.

No es difícil observar como en aquellas acciones concebidas en defensa, protección y garantía del derecho de propiedad, bien sean aquellas de carácter penal tendientes a la determinación de la responsabilidad penal por delitos contra la propiedad, o acciones civiles como lo son los interdictos posesorios, acciones  reivindicatorias, redhibitorias, demandas de resolución o cumplimiento de contrato, o incluso aquellas de reclamación de daños y perjuicios, al no ser tramitadas y decididas con estricto respeto al debido proceso y derecho a la defensa, con la debida apreciación y valoración de las pruebas, mediante una sentencia de mérito motivada que no evada resolver el fondo de la controversia y dictada en un tiempo prudencial, además de incurrir en la violación del también derecho fundamental al debido proceso y a la tutela judicial efectiva[6], pueden incurrir en violación del derecho de propiedad, que es de reiterar no solo le sería imputable al Estado, pero también de manera personal a los jueces; pudiendo exigírseles a éstos, tanto al Estado como a los jueces, las consecuentes indemnizaciones por los daños generados por su actuación, sea ésta regular o irregular; responsabilidad personal de los funcionarios judiciales que justifica y es requisitos de existencia de la función judicial desde los propios antecedentes del Estado moderno[7].

Sin la posibilidad de hacer materialmente exigible la responsabilidad del Estado, así como la responsabilidad personal y directa de los jueces por sus gestiones y las consecuencias de sus decisiones, no puede hablarse de un verdadero Estado de derecho.

Por desgracia, en la Venezuela de hoy, en la que no existe ya Estado de derecho sino un “estado de cosas”, en la Venezuela “desconstitucionalizada”[8], no es extraño observar como resulta totalmente violado el derecho de propiedad, no solo de las partes en su esfera patrimonial, sino del derecho de propiedad en abstracto, en su dimensión moral, cuando un juez que conforme al procedimiento previsto para una demanda de resolución de contrato de arrendamiento en el que debe dictar sentencia en 10 días, tarda más de tres años y medio, y además, lo hace declarando sin lugar la demanda ante la interposición de un amparo por omisión de pronunciamiento judicial, y a pesar de ello, posteriormente obstaculiza y niega la interposición del recurso de apelación mediante ardides procesales. En esta causa, el propietario de un inmueble ve vulnerado su derecho de propiedad al frustrarse el derecho de servirse de los frutos civiles del mismo, que para el momento de celebración del contrato recibía una suma equivalente a 3.645,83 dólares y que actualmente recibe a duras penas el equivalente a 5 dólares, sí 5 dólares, afectación de su derecho de propiedad que no solo es imputable al Estado ante las perversas normas de carácter arrendaticio, sino también de manera personal del juez[9] de la causa por la irregular prestación del servicio público de justicia.

También se ve gravemente vaciada de contenido la propiedad privada, más que como derecho, como valor constitucional y derecho humano, cuando ante el estado permanente de cosas y la desconstitucionalización generalizada, pueden particulares hacerse ilegítimamente de bienes ajenos mediante ardides documentales sin que las instituciones públicas y en especial los tribunales, detengan el expolio privado, todo lo cual ocurre cuando los agraviados acuden a las instancias judiciales e interponen las acciones de defensa de la propiedad y la posesión, y encuentran en el poder judicial y específicamente en la persona de los jueces en vez de garantes del derecho constitucional, agentes conniventes de la desposesión, quienes dictan fallos que también resultan violatorios al debido proceso y a la tutela judicial efectiva[10], y qué decir de la grave afectación de las acreencias producto de la relación laboral de los trabajadores de la línea aérea bandera de Venezuela, VIASA, que a más de veinte años, si 20 años, desde que cesaran operaciones y se iniciase el procedimiento concursal de atraso que luego deviniera en quiebra[11], existen ex trabajadores que no han visto satisfechas sus acreencias, que más allá de las discusiones sobre el verdadero alcance de los llamados derechos sociales y entre ellos el derecho al trabajo, aquí se está es ante una grosera y abierta violación al derecho de propiedad, ya que si una persona tiene una acreencia, sea civil, mercantil, laboral o de cualquier otra índole, en tal caso de incumplimiento del deudor en su pago, deberá ser conminado efectivamente por los tribunales a cumplir su obligación; en caso contrario, que resulte ineficaz la función jurisdiccional para tal fin, se vulnera el derecho de propiedad, pero ahora no solo imputable al particular, sino ya al Estado, específicamente al poder judicial y con más detalle a la persona del juez que conociera la causa, con lo que además resulta violado el derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, transgresiones por las que además podría exigirse la responsabilidad internacional del Estado en sistemas internacionales de protección de derechos humanos como el Interamericano[12], en el que si bien las condenatorias por violación del derecho de propiedad son relativamente pocas comparadas con las atinentes a violaciones de otros derechos, se han manifestado contra algunos Estados por tales transgresiones, y es por ello que no se deben dejar de interponer las acciones que correspondan y así procurar un mayor número de fallos.

¿A qué nos referimos entonces cuando destacamos la destrucción de la dimensión moral de la propiedad?

Toda propiedad, material o inmaterial, surge, tiene un origen que puede ser el trabajo, sea físico o intelectual, una inversión, el comercio, una sucesión, un legado; puede ser producto de frutos naturales o civiles, cualquiera que sea; ese origen, esa fuente, esas causas de la propiedad que luego devienen en su materialización, conforma esa dimensión moral del propiedad, y la van a acompañar incluso más allá de su extinción, por ello es que incluso luego de ser sustraído ilegítimamente un bien, destruido por un hecho ilícito, o expoliado indebidamente, a su titular le asiste todo el derecho de reclamar bien sea la recuperación de su posesión y, en caso de no ser posible, la debida indemnización.

Cuando una persona a través de su trabajo y esfuerzo, siempre que sea lícito y no afecte los derechos de otros, incrementa su patrimonio o adquiere bienes, ese patrimonio lleva consigo toda esa carga, ese esfuerzo y entrega que le precedió y es su causa, por eso es que un vehículo, una casa, una joya, una vestimenta, un viaje, un buen libro, una rica cena y un buen vino con alguien especial, saben mejor, se sienten mejor, lucen mejor, cuando tienen esa dimensión moral, cuando provienen de causa legítima y sean producto de ese esfuerzo y trabajo nuestro o de nuestros causantes, o de la verdadera amistad que se complacen en hacernos un presente independientemente de su estimación material; mientras que por el contrario, no sabe bien, no luce bien, no sienta bien todo aquello que carece de ese sustrato moral, por eso es que todo aquello que es producto de prácticas corruptas, del delito, del narcotráfico, de todo aquello que no lleva consigo una causa lícita, jamás podrá ser debidamente apreciado en su plenitud, y no en vano hemos de observar como a quienes no les han costado las cosas, ni reconocen el empeño de sus antepasados en crear ese patrimonio, moral y material, así como ocurre con los corruptos y maleantes, y aquí que valga la redundancia, que con toda ligereza, al no entender el valor de las cosas, hablan de cientos, miles y millones, y hasta se atreven a afirmar que ser rico es malo, cuando todo su actuar no está sino vinculado al hacer fortunas gracias a la agresión de los otros y al robo de sus esfuerzos y esperanzas.

No es muy distinto cuando un malhechor, un ladrón, toma una propiedad que no es suya, cuando un estafador mediante engaños se hace de un dinero, cuando un funcionario mediante el pago de una coima o a través de extorsiones incrementa su patrimonio, cuando un político mediante estratagemas y manipulaciones otorga un contrato, o cuando se expolia a un ciudadano de su propiedad bajo el uso del eufemismo de la expropiación y no se paga indemnización, se está vulnerando en todos estos casos la propiedad, no solo en su dimensión material, sino en la moral, afectándonos a todos y cada uno de nosotros.

Un régimen despótico en el que se ha permitido y promovido la corrupción en todos los niveles y en todas las ramas del poder, que desconoce el Estado de derecho y la constitución, los derechos fundamentales, y en particular destruye el derecho de propiedad, tanto su dimensión material pero más profundamente su valor moral, no es más que, como Alfieri afirmaba, una tiranía y todo su pueblo esclavo[13].

  



[1] Citado en “¿Cuánto cuesta en realidad un Dólar?” De Roberto Hung C., Disponible en: http://www.chinohung.com.ve/2014/12/cuanto-cuesta-en-realidad-un-dolar.html
[2] En Venezuela en materia de arrendamiento existe un perverso cuerpo normativo como lo es la “Ley para Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas”, una de cuyas disposiciones establece que las personas naturales o morales que sean propietarios de tres (3) o más unidades de vivienda no pueden cobrar sino el 3% anual de su valor, el cual, además es fijado por la propia administración gubernamental en montos que en casos siquiera equivale a una centésima parte de su verdadero valor de intercambio; situación totalmente violatoria al derecho de propiedad y a la libre determinación de las partes, ya que somete todos los aspectos del contrato a la arbitrariedad de la autoridad, pero que se agrava mucho más con la discriminación basada en supuestamente ser pequeño o gran propietario, a los que les llama “pequeño arrendador” o “multiarrendador”.
[3] Ver Arts. II y XVII de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, Art. 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Art. 17 de laDeclaración Universal de Derechos Humanos, Art. XXIII de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, Art. 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y el Art. 1 del Protocolo adicional al Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
[4] Sartori, Giovanni. Elementos de teoría política. Alianza Editorial. Madrid 1992. ISBN: 978-84-206-7955-6. Pág. 21. 
[5] Ver La protección de la propiedad y la responsabilidad por las mal llamadas expropiaciones que no son más que materiales expoliaciones” de Roberto Hung Cavalieri. Nº 6 de la Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional de Venezuela. Disponible en: http://www.estudiosconstitucionales.com/REDIAJ/962.pdf
[6] El acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, además de ser derechos fundamentales consagrados en las Constituciones de los Estados, también están contenidos en enunciados de instrumentos internacionales de derechos humanos tales como los arts. 8 y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 8 al 11 de laDeclaración Universal de Derechos Humanos, art. XVIII de la Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, Título VI de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, los arts. 6 y 13 del Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
[7] La responsabilidad personal de los jueces puede estudiarse a través de sus muy importantes antecedentes, entre los que pueden destacarse Los Decreta de León de 1188 suscritos por Alfonso IX de León, especialmente sus capítulos VII, VIII, IX y XII. Disponible en la página de la Secretaria de Estado de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de España: http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/mc/registro-memoria-unesco/2013/decreta-curia-regia/1-mandato-alfonso-ix/decreta-leon-version-espanola.pdf
También resulta de interés, en materia de protección de la propiedad el antecedente representado por la Carta Magna Inglesa de 1215, en sus artículos 39, 40, 52, 55, 56, 57 y 61, cuyo texto se encuentra disponible en http://www.constitution.org/eng/magnacar.htm.

[8] Sagüés Néstor Pedro, “El concepto de «desconstitucionalización». Revista de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

[9] Caso Germán Rincón Acosta Vs. KTM SPORTSMOTORCYCLES. Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de Caracas Exp. Nº AP11-V-2014-000037 a cargo del juez César Mata Rengifo.
[10] Tal es el asunto relativo a las acciones de defensa y la posesión interpuesta por Manuel Mariña Vs. Inversiones Alemaka, C.A. representada por Iván A. Kaufman González, y cuyos apoderados judiciales en dicha causa son los profesionales Luis Antonio Maya Rojas, Leonardo Palacios Márquez, José Gregorio Torres Rodríguez, Juan Esteban Korody Tagliaferro, Ana Isabel Pallares Parés, Erika Cornilliac Malaret, Rodrigo Lange Carías, Daniel Betancourt Ramirez, Gloria Cedeño Ruiz, Ramón Escovar León, Ramón J. Escovar Alvarado, Juan Enrique Croes Campell, Andrés Carrasquero Stolk, Juan Andrés Suárez Otaola, Maritza Méndez Zambrabo, Mariana Rivas Orta, Andrea Ochoa Reyes, Rosnell Carrasco y Miguel Enrique Porras Adarmes, en los juzgados: (i) Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de Caracas Exp. Nº AP11-V-2013-001480 a cargo de la juez Carolina M. García Cedeño; (ii) Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de Caracas Exp. Nº AP11-V-2014-00720 a cargo del juez Luis Rodolfo Herrera, (iii) Superior Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de Caracas Exp. Nº AP71-R-2015-00895 a cargo de la juez Indira París Bruni; entre otros.
[11] La solicitud de atraso de VENEZOLANA INTERNACIONAL DE AVIACIÓN, S.A., (VIASA), fue presentada en fecha 28 de febrero de 1997, procedimiento concursal de quiebra que actualmente se tramita ante el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de Caracas. Exp. Nº AH14-M-2008-000022.
[12] Casos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos: (i) Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, (ii) Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador, y (iii) Salvador Chiriboga vs. Ecuador.
CIDH. Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú. (24/11/2006). Serie C No 158.
CIDH. Caso Chaparro Álvarez y Lapo Iñiguez vs. Ecuador. (21/11/2007). Serie C No 170.
CIDH. Caso Salvador Chiriboga vs. Ecuador. (06/05/2008). Serie C No 179.
[13] Alfieri, Víctor. De la Tiranía. Colección clásicos Fundación Manuel García-Pelayo. Caracas 2006. Obra disponible en italiano en: http://www.liberliber.it/mediateca/libri/a/alfieri/della_tirannide/pdf/della__p.pdf
Ver: http://www.chinohung.com.ve/2015/12/aprendiendo-un-poco-italiano-de.html
Fotografìa tomada de: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corrupt-Legislation-Vedder-Highsmith-detail-1.jpeg 
Ver: http://www.chinohung.com.ve/2015/08/legislacion-corrupta.html 

martes, 2 de mayo de 2017

RETOS DE LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO


RETOS DE LA DEMOCRACIA Y EL ESTADO DE DERECHO EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
Riesgos y efectos del uso por parte de regímenes dictatoriales de la justificación de la lucha contra el terrorismo para la represión de la disidencia democrática y la resistencia constitucional.[1]
 

Roberto Hung Cavalieri [2]


Si bien el tratamiento y estudio del fenómeno del terrorismo en modo alguno es nuevo, no es sino luego de los acontecimientos del 11 de septiembre de 2001 en el territorio de los Estados Unidos de Norteamérica, que en foros distintos a aquellos relativos a los de seguridad y defensa de los Estados, y con mayor especificidad desde la perspectiva de labores de inteligencia, por lo que el estudio de este fenómeno desde muchas otras disciplinas se ha abordado de manera específica y mas minuciosamente, y desde el estudio del derecho constitucional no puede escapar dicho examen; no solo por el riesgo que comporta las consecuencias directas de los atentados, sino que con ocasión a las actuaciones de los Estados en la lucha contra el terrorismo, al igual como la lucha contra la corrupción o el narcotráfico, los órganos de los Estados con facultades de seguridad y protección, pueden incurrir en prácticas que pueden resultar en la vulneración de principios fundamentales que son límites constitucionales al ejercicio del poder público, con lo que la afectación de la institucionalidad democrática de un Estado, pudiese ser producto no de las amenazas de grupos y actos terroristas, sino de la actuación del mismo Estado.

La existencia de un riesgo de ataque terrorista, o peor aún, la efectiva verificación de un hechos como los de septiembre de 2001, o como los de marzo de 2004 en Madrid, en Rusia en febrero, agosto y septiembre de 2004, Londres en julio de 2005 y recientemente en marzo de 2017, Oslo en noviembre de 2011, Boston en abril de 2013, Kenia en septiembre 2013, Turquía en marzo de 2016, Orlando en junio de 2016, Niza en julio de 2016, así como los de París en febrero y noviembre de 2015 y el más reciente del 21 de abril de 2017, quedan en evidencia los graves riesgos de seguridad e integridad no solo material y física, así como emocional de las personas, tanto víctimas directas por haber estado presentes en el lugar de los hechos, así como de la población mundial, que ahora vive con la zozobra y preocupación diaria de sentirse vulnerables en los medios de transporte, nuestros lugares de trabajo y esparcimiento, incluso en sus propios hogares.

Pero además de tales riesgos y verdaderos daños generados por los materiales ataques y la alarma y terror que causan, dejan en clara evidencia la afectación y riesgo de las instituciones esenciales tanto de la democracia como del propio constitucionalismo, incluso habría quienes pudieran afirmar de la misma cultura occidental, ya que los Estados, y más específicamente sus órganos con competencias de seguridad, protección e inteligencia, con la justificación de prevención y lucha contra el terrorismo, pudieran adoptar normas, ejecutar acciones y dictar sentencias que lejos de proteger a sus ciudadanos resultarían en la material violación de derechos civiles y políticos de sus ciudadanos, lo que comportaría a su vez una vulneración del Estado de derecho, del constitucionalismo, de la democracia, lo que precisamente constituiría objetivo de las organizaciones terroristas.

Es ante tales hechos y riesgos, muchos Estados pueden adoptar actos normativos, producir y ejecutar actos administrativos y hasta dictar decisiones judiciales que restrinjan la vida privada de las personas, la inviolabilidad de las comunicaciones, la propiedad privada, las inviolabilidad del domicilio, el debido proceso, incluso el derecho de libertad e integridad física, ya que al amparo de la sacrosanta lucha contra el terrorismo, además de ordenarse y practicarse escuchas telefónicas, intervención de mensajes electrónicos, incautación y comiso de propiedades, en especial de ordenadores con unidades de almacenamiento, pueden ordenar la detención de personas señaladas como supuestamente relacionadas con actividades terroristas, al igual como ocurre con el narcotráfico, hasta “persuadirlos” de efectuar declaraciones y delaciones consideradas necesarias en esa contienda contra el flagelo del terrorismo, que bien puede ser verdadero, pero también inducido o peor aún, simulado.

Lo antes dicho nos hace recordar casos como el de la orden judicial a Apple Inc., a instancia del FBI de desbloquear el teléfono Apple de Syed Farook, vinculado con un ataque terrorista en la que resultaron 14 personas muertas y 22 heridos, en el que la empresa recurrió la decisión, señalando que ello sería una violación a las libertades civiles, acudiendo luego FBI a un “tercero especialista” para lograr desbloquear el dispositivo[3]. También resulta de interés la decisión del Consejo Constitucional Francés No. 2014-439 del 23/01/2015, sobre la revocatoria de la ciudadanía de una persona (Ahmed S.) por estar incurso en hechos considerados actos de terrorismo[4], también de ese Tribunal Constitiucional Francés, las decisiones relativas a la constitucionalidad de las normas que establecen que durante los estado de emergencia, las autoridades administrativas podrán suspender la realización de actos públicos[5], así como de la posibilidad en todo momento efectuar pesquisas e inspecciones en los locales e inmuebles[6], declaratoria de estado de Emergencia que la Asamblea Nacional de Francia prorrogase hasta el mes de julio de 2017[7]; por último, pero dejando claro que esto sería una mínima muestra de todas las actuaciones que pueden representar riesgos de violación de derechos civiles y políticos de los ciudadanos, podemos referir el caso de la orden ejecutiva No. 13769 del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica Donald Trump, denominada Orden Ejecutiva para la Protección de la Nación de la Entrada del Terrorismo Extranjero en los Estados Unidos (Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry into the United States)[8] conocida en el foro como “Muslim Ban”, dictada a los pocos días de haber tomado posesión en el cargo, relativas a la restricción del ingreso al territorio de personas provenientes de determinados países, actuación ejecutiva que fuese declarada inconstitucional por el poder judicial de dicho Estado, en el caso conocido como Estado de Washington y Estado de Minnesota Vs. Trump[9].

Como se puede extraer de las actuaciones de los distintos Estados antes referidas, las mismas son dictadas ante el eminente carácter de emergencia, urgencia, o de excepcionalidad de la amenaza del terrorismo y la necesidad de combatirlo, lo cual nos obliga a estudiar a la luz del derecho constitucional los llamados estados de excepción o de emergencia, su naturaleza y alcance, así como de los actos dictados durante la misma  y sus efectos, todo lo cual se corresponde con la finalidad de los estudios sobre Estado de derecho global y democracia constitucional.

Ahora bien, siendo del todo pertinente el examen de situaciones como las supra indicadas, a primeras luces, amerita profundas reflexiones sobre el riesgo de vulneración de derechos civiles y políticos por la actuación de estos Estados; gran preocupación genera que regímenes de un abierto corte dictatorial, fundamentándose en la idea de la lucha contra el terrorismo, de la emergencia y del régimen de excepcionalidad, dicte normas, actos, así como decisiones, utilizándolos como mecanismos de represión de la legítima disidencia democrática y la debida resistencia constitucional, que más que como un derecho de los ciudadanos, tal disidencia y resistencia constituyen su deber.

La utilización de la emergencia y los estados de excepción por parte de regímenes totalitarios, como justificación para dictar actos de efectos generales, que bajo la eufemística denominación de leyes son mecanismos para lograr la ascensión al poder político y luego su ejercicio despótico, en modo alguno es algo nuevo en la historia de la humanidad, sin embargo, existe un antecedente, aún reciente no solo en términos de la fecha en que se verificaron, sino en cuanto a sus efectos que aún persisten en cierto grado, como lo fue el caso del Nacional Socialismo Alemán, que amparándose en la emergencia resultante del incendio del Reichtag en febrero de 1933, lo que perfectamente se encuentra dentro de lo que constituye un acto terrorista, independientemente a las consideraciones sobre su autoría, sirvió de excusa para que fuesen dictados los Decretos de Estados de Excepción y Leyes Habilitantes de los que resultaron la instauración del régimen Nazi y que solo pudo ser desmontado por haber perdido Alemania la Segunda Guerra Mundial.

En nuestros tiempos más recientes, situaciones como las presentadas en Estados como Rusia, Cuba, Perú, Corea de Norte, Siria, Bolivia y Venezuela, entre muchos otros, se observa como el llamado a luchar contra el terrorismo y adoptar medidas y actos que explícitamente refieren que tienden a tal fin, pero en su aplicación material, no son más que formas del propio ejercicio absoluto del poder, y de eliminación de la resistencia constitucional que procura la restitución de la institucionalidad democrática.

Se observa como en el caso específico venezolano, la llamada Ley contra el terrorismo y crimen organizado, cuerpo legal que si bien es similar al adoptado por otros Estados, en el país caribeño pareciera no tener otra aplicación que frente a todos aquellos que adversan al régimen de corte autoritario instaurado desde febrero de 1999 por quienes jamás han ocultado su inspiración en el régimen instaurado por Fidel Castro Ruz.  

Es pues antes esos riesgos que apareja la utilización de los fundamentos de la lucha contra el terrorismo, que a su vez se vale de los órganos del Estado que cuentan con instrumentos de represión y violencia pública, así como de tecnología avanzada y recursos económicos prácticamente ilimitados, por regímenes materialmente antidemocráticos, surgen nuevos y mayores retos al Estado de derecho y a la democracia constitucional, todo lo cual nos obliga a analizar sus elementos esenciales y que conforman tanto límites, como garantías para sus ciudadanos, al enfrentar esa lucha contra el flagelo del terrorismo.

Nos es del todo necesario para la comprensión examinar los estados excepcionales, naturaleza, características y efectos, con especial énfasis en los antecedentes de aquellos regímenes totalitarios que  los que escudándose en la lucha contra el terrorismo, la seguridad de Estado, así como ocurre con la lucha contra la corrupción, devienen en violación de derechos fundamentales y la importancia de la justicia constitucional de los distintos Estados en el tratamiento de tales derechos, y si de forma en que se pronuncia el juez constitucional, lejos de proteger, mantener y recuperar el estado de derecho, puede  resultar, como en efecto se verifica en diferentes situaciones actuales momentos, en instrumentos de represión.

También para el mejor entendimiento  de las maneras de luchar contra este flagelo que es el terrorismo, han de confrontarse sun elementos distintivos con aquellos de la resistencia constitucional ante los regímenes dictatoriales y que a diferencia de los primeros, su telos procura la obtención de un estadio constitucional y democrático material en el que la constitución y los derechos humanos sean el límite del poder público y en el que no se sacrifique la libertad de los ciudadanos por su supuesta seguridad frente a las amenazas terroristas, que bajo los regímenes dictatoriales, ambos derechos, la libertad y la seguridad se ven afectados frente a los propios regímenes, pasando a ser paradójicamente el propio Estado el agente del terror, verificándose así situaciones de terrorismo de estado, situaciones que como pueden observarse resultan es en la abierta transgresión por parte de regímenes totalitarios de institutos democráticos y derechos fundamentales tales como la privacidad, integridad personal, propiedad, debido proceso, entre otros.






[1]  Este texto es una adecuación para su publicación en el presente Blogg del Proyecto de trabajo de investigación presentado en el marco del Máster en Estado de derecho global y democracia constitucional de la Universidad de Génova y la Universidad de Girona
[2] Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. 1995. Caracas. Venezuela.
Maestría en Derecho Económico Europeo. Université de Droit, d’Economie et des Sciences D’Aix-Marseille. 2001. Aix-en-Provence. Francia.
Especialista en Derecho Procesal Constitucional. Universidad Monteávila. 2014. Caracas. Venezuela.
Maestría en Derecho Procesal Constitucional. Universidad Nacional Lomas de Zamora. 2015. Provincia de Buenos Aires. Argentina. En elaboración de tesis de grado.
Profesor de Posgrado de la Cátedra de Seguridad Jurídica de la Universidad Católica Andrés Bello. rhungc@gmail.com
[8] https://www.federalregister.gov/documents/2017/02/01/2017-02281/protecting-the-nation-from-foreign-terrorist-entry-into-the-united-states
[9] Actuaciones del expediente judicial disponibles en: https://www.ca9.uscourts.gov/content/view.php?pk_id=0000000860