martes, 31 de mayo de 2016

Glosario para el diálogo


En la entrada anterior sobre el lenguaje del diálogo (http://www.chinohung.com.ve/2016/05/el-lenguaje-del-dialogo.html) se señaló a modo de conclusión que era necesario que se llevara a cabo hablando la lengua de la Constitución y el idioma de la Democracia, para lo que es de interés poner a disposición de los interlocutores un Glosario para mantener en mente el significado y alcance de las palabras, ideas, principios y valores de esa lengua, de ese idioma.

Esta entrega se dedicará a una sola palabra dada su importancia y que al parecer muchos interlocutores parecen tener una concepción muy reducida y limitada, que raya en lo tribal: "democracia".

Democracia es:
Estado de Derecho.
Interpretación restrictiva de normas atributivas de poder.
No discriminación.
Interpretación extensiva de los derechos humanos.
Interés general.
Bien Común.
Alternabilidad del poder.
Pluralidad.
Protección del medio ambiente.
Revocatoria de los mandatos de elección popular.
Lucha efectiva contra la corrupción.
Prestación de servicios públicos de calidad.
Salud.
Educación.
Transporte.
Alimentación.
Respeto a la propiedad privada.
Libertad.
Calidad de vida.
Debido proceso.
Derecho a la Defensa.
Autonomía e independencia del poder judicial.
Reparación integral.
Separación de poderes.
Sometimiento de la autoridad militar a la civil.
Responsabilidad de la administración pública.
Nulidad de actos de autoridades usurpadas.
Inexistencia de procesados y penados por razones políticas.
Tutela judicial efectiva.
Seguridad Jurídica.
Libertad personal.
Libre convertibilidad cambiaria.
Libertad de prensa.
Acceso a la información.
Transparencia. 
Irretroactividad de la ley.

lunes, 30 de mayo de 2016

El lenguaje del diálogo


Los diálogos son muy importantes, necesarios, ejemplarizantes, enriquecedores, más si son de altura y desarrollan temas de interés entre los interlocutores y la ciudadanía en general. Interlocutores que por supuesto deben ser calificados, conocedores de la situación en que se encuentran y estar en verdadera disposición para lograr los fines que se proponen desarrollar.

Al hablar de diálogos, nos resulta imposible pasar por alto las evocaciones a los diálogos socráticos, los ciceronianos, los de Erasmo, o cualesquiera otros hasta nuestro tiempo, pero no será sobre estos a los que nos referiremos en nuestras reflexiones, sino a algo muy al diálogo mismo, pero sin lo cual, más que estéril pudieran resultar inconvenientes y hasta perjudiciales.

Con anterioridad a cualquier diálogo, deben los interlocutores entender que para hacerlo de manera directa, se han de comunicar en un idioma común, en una misma lengua que conozcan y manejen, si ello no es así, seguramente resultarán inviables y estériles los intentos y por consiguiente no se logrará ningún cometido satisfactorio, pudiendo por el contrario, exacerbarse cualquier diferencia existente y frustrar los ánimos, tanto de los interlocutores como de sus representados.

Cuando los interlocutores en un diálogo no conocen y manejan el mismo lenguaje, lo propio es que ambos procuren llevarlo a cabo a través de un intérprete, alguien que conozca suficientemente los idiomas  y lenguas de los participantes, o pretendientes dialogantes, sus necesidades, posiciones y finalidad común hacia la que está dirigido ese diálogo. Y muy importante , su actitud y comportamiento en “diálogos” anteriores y si han respetado o no los acuerdos alcanzados, o por el contrario esas llamadas a diálogos pasados fueron utilizados como simples estratagemas.  

La determinación y escogencia del lenguaje o idioma es muy sencillo, ello irá desde lo natural de su desenvolvimiento que se da entre quienes hablan el mismo idioma, buscar uno común de uso general o universal, pero ello puede resultar complicado cuando se está frente ideas y conceptos más abstractos y más existenciales.

Cabe preguntarnos: ¿Cómo puede alguien dialogar sobre justicia sino conoce y entiende lo que es el respeto a la Ley? a la verdadera ley, no simple órdenes y mandatos. ¿Quién puede hablar de Estado de derecho si considera una constitución como un instrumento para el ejercicio del poder cuando es todos lo contrario, las constituciones son límites y restricciones a ese ejercicio?. ¿Quién podrá garantizar los derechos humanos si abiertamente desconoce y limita su ejercicio y petición ante organismos internacionales?. ¿Quién podrá entender del valor moral de la propiedad si ha hecho de su modo de subsistencia el pillaje y el engaño?. ¿Qué concepto de prosperidad, riqueza y progreso puede alcanzarse si entre los interlocutores se encuentran quienes profesan situaciones materiales contrarias a esos mismos conceptos y lo que hacen es generar pobreza, atraso y pauperización general de la calidad de vida?

Hay diálogos que se desarrollan con palabras, otros con nobles gestos y buenas acciones, pero en todos ellos debe existir sinceridad, sensatez y coherencia entre lo que se profesa y las actuación material, evitando la manipulación y desviación del lenguaje utilizado, de su corrupción por su uso retórico y falaz.

Si, es menester el diálogo, pero un diálogo en el que el constitucionalismo y los derechos humanos sean su lenguaje, idioma y código común, entendidos de manera progresiva y extensiva, desechándose totalmente su perversión con fines de evadir el cumplimiento de principios y valores constitucionales, que a la postre también resultan manipulados y violados, se hace necesario ese lenguaje para dar una lectura democrática y no totalitaria del derecho.

Es necesario un diálogo pero hablando la lengua de la Constitución, hablando el idioma de la Democracia.

RHC


P.D. habiendo reflexionado sobre diálogo y lenguaje, merece  destacar lo dicho por George Orwell: “…si el pensamiento corrompe el lenguaje, el lenguaje también puede corromper el pensamiento” se aprovecha la ocasión para destacar el enlace a una interesante  versión animada de su importante obra del año 1945 “La Rebelión en la Granja” y que podremos ver de estas direcciones:



domingo, 15 de mayo de 2016

Las leyes para proteger al pueblo no son una cosa nueva



Recientemente se ha presentado en el foro nuevos intercambios de ideas sobre las facultades de los distintos funcionarios públicos para dictar actos de efectos normativos.

Como en entregas anteriores se ha referido, la competencia natural para tal función legislativa le corresponde es al poder legislativo, el cual es teleológicamente anterior a la existencia del propio estado moderno, y cualquier otro poder, sus órganos y funcionarios que por desarrollo de las normas constitucionales y de las de rango legal emanadas del legislativo puedan dictar actos de efectos generales, y si estos son de igual rango legal, es de total interpretación restrictiva, es decir, siempre se tendrá como una restricción en hacerlo, es por ello que en algún estado en el que esté previstas las leyes habilitantes, estados de excepción, leyes de emergencia, y cualquiera de ese tipo, deberán ser entendidas de manera restrictiva, incurriendo los funcionarios que dicten tales actos en usurpación de funciones e incompetencia manifiesta, que además de constituir un vicio de nulidad del acto, en aquellos casos graves, pudiéramos estar ante un material “golpe al estado”, un verdadero “Coup d´Etat”.

Pues resulta que durante mucho tiempo, y especialmente desde los movimientos revolucionarios de finales dl Siglo XIX y hasta nuestros días, pero especialmente desde a mediados del Siglo XX, quienes han hecho uso, o mejor dicho, mal uso de esas excepciones, que hasta ha llegado a incurrirse en violaciones a los derechos humanos e incluso en los casos más graves, se han verificado casos de crímenes de lesa humanidad, tratan de fundamentar tales groseros actos contrarios al constitucionalismo en supuestas ayudas y protección de los pueblos, cuando la realidad es que ello no es más que una falacia para el ejercicio totalitario del poder.

Para entender mejor lo anterior, cabe perfectamente el ejemplo en la primera mitad del Siglo XX, específicamente en el año 1933 con la “Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Reich” cuya traducción es la de la “Ley para solucionar los peligros que acechan al Pueblo y al Estado”, también conocida como la “Ley Habilitante de 1933” mediante la cual, con ese sofisma de proteger al pueblo alemán, el poder legislativo de la República de Weimar (Alemania), cuyos representantes disidentes habían sido encarcelados, habilitó absolutamente a su entonces canciller (Adolf Hitler), para dictar las leyes que considerara necesarias “para solucionar las urgencias del Pueblo y la Nación”.

Como luego la historia demostró, esa ley obró de manera material muy distintamente a lo que era su fundamento, quedando en evidencia que no era otra la intención de hacer ver una supuesta institucionalidad y fundamento constitucional que nunca fueron tales.

El caso anterior es de interés analizarlo para poder entender en el contexto histórico los eventos ocurridos en materia de historia constitucional desde 1933 hasta la presente fecha y como deben entenderse de manera restrictiva las normas relativas al ejercicio del poder, ya que la constitución es su limitación y restricción y no lo contrario. No entenderlo así, pudiera dar como resultado que en determinados estados se vean afectadas las garantías mínimas de convivencia ciudadana que podría verse sustituida por regímenes totalitarios que como resultado de su gestión, no hagan más generar penurias y pobreza a sus ciudadanos pauperizando su calidad de vida.


Fotografía tomada de:

viernes, 13 de mayo de 2016

¿Qué es un Golpe de Estado? ¿Quiénes son sus víctimas?



En nuestra región, desde hace poco más de 25 años hemos venido escuchando constante y repetidamente la expresión de “golpe de estado”, que el golpe de estado del 58, que el golpe de estado aquí, que el golpe de estado allá, que a tal le dieron un golpe de estado, que a cual le estarían dando un golpe de estado si se hace esto, que en tal país se está llevando a cabo un golpe de estado. Que hay que tener cuidado con un golpe de estado, de derecha de izquierda, duro o blando, en fin, hablamos y nos referimos de golpes de estado con una facilidad y soltura como si se estuviese ante una figura, situación o concepto cuyo entendimiento y alcance es natural, cuando en realidad , la generalidad de las veces la mayoría de las ocasiones no solo se desconoce su verdadero significado y alcance sino que por el contrario, y lo que es peor aún, se utiliza dicha expresión para calificar algo totalmente contrario, y por supuesto que no habrá quienes ante ese general desconocimiento y afán de manipular a la población con falaz retórica y argumentación manipulada echa mano a la versión trastocada de la expresión para distraer la atención de temas de ameritan verdadera e inminente atención.

Pues para comenzar nuestra reflexiones, nos permitimos adelantar alguna ideal preliminar, ya que recordemos que la intención es que cada quien se haga su propia y personal conclusión, y es que contrariamente a lo que se cree, la concepción originaria y desde la que debemos empezar nuestro análisis es que  el concepto de golpe de estado se circunscribe principalmente a las acciones por parte de sectores contrarios a quienes, es especial “quien” ejerce el poder ejecutivo para deponerlo de su cargo, muy al contrario, como se verá,  es quien o “quienes” ejercen el poder, al no hacerlo en estricto sometimiento a la ley, a las normas que regular y restringen el ejercicio del mismo, y al derecho en su lectura democrática y constitucional y no así arbitraria y totalitaria, quien es el golpista, quien está ejecutando con su actuación contraria al estado de derecho un verdadero golpe de estado un golpe contra el estado de derecho.

Consecuencia de los dicho con anterioridad nos lleva a otra afirmación de importancia y es la de señalar quienes son o “quién” es la víctima de un golpe de estado, y resulta que las víctimas directas de los golpes de estado en modo alguno son necesariamente las personas naturales que resultan depuestas de sus puestos, sean estos presidentes, reyes, dictadores, y cualquier otra figura de autoridad que resulte removida “sin que se siga para ello los procedimientos legales –lato sensu- previstos para ello”, ya que si tal remoción es conforme a los procedimientos previstos legalmente tales como elecciones, juicio penal, juicio político, revocatoria de mandato, mecanismos de sucesión por falta absoluta o cualquier otra que se encuentra prevista en el ordenamiento jurídico de ese determinado estado, jamás estaremos ante un golpe de estado.

Retomemos el tema de la víctima de los golpes de estado. Y es que quien en efecto es el sujeto pasivo de esas acciones que se encuentran al margen de las normas que rigen los poderes públicos es el mismo Estado, y es que desde la propia acepción literal de la expresión originaria como lo es la de “Coup d´Etat”, ha de entenderse como de “Golpe al Estado”, y nunca como si se les estuviera dando un golpe a determinada persona que ocupa tal o cual cargo. Claro, que si las acciones de quienes ejecutan el golpe de estado tienen como finalidad el de remover a determinada persona de su cargo por vías no previstas en el ordenamiento jurídico a pesar que la víctima del golpe es el propio estado, este personaje consecuencialmente se vería afectado. Lo importante aquí es que jamás puede entenderse ni confundirse en que en modo alguno esa determinada persona se tenga como el Estado mismo. Ya sobre este asunto hemos dedicado trabajos anteriores.

Pasemos a los antecedentes históricos y que mucho nos ayudan para entender mejor este tema y que no es cosa menor.

Ubiquémonos en 1851. En Francia, la primera república, su presidente “electo” y “constitucional” era Napoleón III Bonaparte, su nombre completo Carlos Luis Napoleón Bonaparte. Había sido elegido en 1848, resulta que a poco tiempo para vencerse su período presidencial, y como ha de ser muy bueno permanecer en el poder y su ejercicio absoluto e ilimitado corrompe, y tenía una fuerte confrontación con la Asamblea Nacional, en fecha 2 de diciembre ejecuta un “Golpe de Estado” del que resulta la toma de las instituciones y organismos gubernamentales, luego la disolución de la Asamblea Nacional, posteriormente se crea la segunda república y de allí el II imperio emulando a su tío Napoleón Bonaparte I, que más recientemente fue descubierto que no eran parientes, y la historia continúa…..

Lo importante en este estadio de nuestra reflexión es tener la claridad en el entendimiento que la noción principal de lo que es un golpe de estado, es que el mismo está dirigido a romper la institucionalidad de ese estado, de vulnerar su constitucional conformación con no otra intención que la de hacerse y mantenerse ilimitada e irrestrictamente en el poder, alterar la debida separación de poderes y su intervención, particularmente la de la Asamblea como vimos en el caso del “Coup d´Etat de Napoleón III”  con esa finalidad de permanencia y en ejercicio del poder, es decir, todo lo contrario  a lo que es una verdadera Constitución.

Luego de 1851, ese no fácil concepto de “golpe de estado” ha sido referido en términos generales a las acciones “siempre distintas a las previstas en el ordenamiento jurídico” de deposición o sucesión de quienes ejercen el poder en un determinado estado, y luego en atención a las características del mismo les han puesto otras denominaciones como las de auto-golpe que fue la que luego refirieron a la de Napoleón III, la de golpe de palacio, la de golpe de estado stricto sensu, rebelión militar, derrocamiento, entre otras.

Como en anteriores trabajos, tal vez el lector luego de las reflexiones que aquí se dejan, pueda resultar con mayores inquietudes si lo que deseaba era que se puntualizaran los hechos precisos de los de los que son los golpes de estados, y es que pueden ser tantas las situaciones que resulta imposible catalogarlas casuísticamente, pero lo que si queda claro y es incontrovertible es que si la deposición o sucesión de aquellas personas de sus cargos está prevista en el ordenamiento jurídico de un país y la población ocurre a ellas con tal finalidad de acabar su mandato no se está ante un golpe de estado, por el contrario se está en el claro ejercicio de derechos civiles y políticos, por lo que jamás estaremos ante un golpe de estado ante procesos electorales, revocatorias de mandato “recall”, o juicios político “impeachment”, mientras que por el contrario, cuando se está ante el desconocimiento del estado de derecho, restricciones de los actos de los poderes públicos que le son propios, rechazo de la autoridad de la Asamblea como institución democrática incluso previa a la existencia del estado modernos o las invasiones por parte de tribunales a otras ramas del poder público sobrepasando los límites impuestos por la Constitución si estamos ante una situación de perennes  y continuados “golpes al estado”, siendo el estado y todos sus ciudadanos sus víctimas, quienes ven su calidad de vida pauperizada, que no cuentan con servicios públicos de calidad, sin seguridad personal, sin salud, ni alimentación, sin democracia, sin estado.

Fotografía de Napoleón III tomada de:

 http://www.elcomercio.com/files/article_main/uploads/2016/03/06/56dca5ba97a6f.jpeg

jueves, 5 de mayo de 2016

El delito de hablar mal del país.



En los últimos tiempos, (desde meses pero que puede extenderse a los últimos años), se ha propagado la idea o noción de que en modo alguno puede un ciudadano hablar mal de su propio país, llegándose incluso a casos extremos que hay quienes se atreven a afirmar que hacerlo constituye un delito y debería ser procesado criminalmente quien por cualquier medio haya osado proferir su descontento por la situación general de su país.

Sobre lo anterior, puede cerrarse la discusión con una muy simple respuesta y es que cada quien puede expresar no solo de su país, sino de cualquier país lo que quiera y desee, y es también clara la conclusión de que ello no constituye delito alguno, y si previera ello en alguna legislación, se estaría presente ante un gobierno dictatorial que desconoce el derecho humano a la libertad de expresión, el cual es, según las circunstancias de determinados casos incluso superior al derecho a la vida, libertad de expresión que no se agota con la libertad de prensa, sino que se extiende al derecho a la información, al acceso a la información pública, a la transparencia y a la obligación de los órganos y entes públicos, e incluso los propios funcionarios, en informar absolutamente sobre sus actividades[1].

Afirmaba John Milton a mediados del siglo XVII ante la promulgación del Parlamento Inglés de la Ley del 14 de junio de 1632: “… Dadme la libertad de saber, de hablar y de argüir libremente según mi conciencia, por encima de todas mis libertades[2]”,

Puede que sea moral, social o eticamente censurable que alguna persona profiera expresiones fuertes, soeces, groseras e incluso denigrantes frente respecto a un “país”, sea propio o extraño, pero lo que si no es, es un delito.

Ahora bien, resuelto ese asunto, en tales situaciones de personas, grupos de personas o comunidades que manifiestan su dolor, rechazo, inconformidad, molestia, ira y cualquier otro sentimiento frente a un país, subyace un tema de mayor complejidad, y a pesar que pudiera ser un tema un poco más técnico, sus consecuencias no lo son, y de allí que la valoración moral, social o ética de las expresiones frente a determinado país pueden variar.

Lo primero que ha de advertirse es que los conceptos de país, nación, patria, estado y gobierno, no siempre están claros no solo para quien libremente quiere expresar sus opiniones, deseos, molestias y frustraciones, sino que incluso para los grandes estudiosos a veces es difícil definir con precisión los mismos y transmitir a la población general estos conceptos a veces tan abstractos, y mucho más en estos tiempos en que la realidad de nuestras sociedades hacen que coexistan en una misma situación la condición de país con la de estado y patria, y la apreciación sobre tales conceptos y otros relacionados puede ser manipulada con otros fines.

No se convertirá esta intervención en una clase de ciencias políticas[3], pero para nuestra reflexión podemos señalar que entre tales conceptos lo que varía básicamente es, la aproximación desde el punto de vista geográfico y condiciones particulares de un lugar por su ubicación para el concepto de país; respecto a la nación, la relación deviene por haber “nacido” en ese determinado lugar; respecto a patria, la relación es mucho más emotiva como la que trata de promoverse entre un “padre” frente a sus hijos de allí el nomen “patria”; ya cuando pasamos al concepto de estado, se tiene una aproximación desde el aspecto principalmente jurídico respecto a la relación de un “pueblo” en un territorio o “país” determinado, y las relaciones que rigen el trato entre sí y con el estado, el ordenamiento jurídico y con el gobierno. Este último, el gobierno, que como se ha dicho en artículos anteriores, no es que precisamente manda u ordena, sino que es el que cumple las órdenes impuestas por el soberano en asamblea, siendo la asamblea, su concepto, funciones y alcance teleológicamente anterior a la existencia del propio estado moderno.

No es complicado señalar, que muchas veces puede confundirse, -entendiendo aquí confusión por mezcla y por unión- por resultar en una misma situación los conceptos de país, nación, patria y estado, y es por ello que pueden en ocasiones considerarse sinónimos y lo mismo, por lo que cuando una persona cuando está hablando, mal o bien, de un país, realmente lo que está haciendo es refiriéndose a un estado, pero la situación se complica aún más cuando se confunden los conceptos anteriores, -aquí nos referimos a confusión como producto del desconocimiento  y yerro sobre un tema-, con el de gobierno, entonces, cuando una persona habla bien, o mal, de un país, estado patria o nación, en realidad lo que está es refiriéndose al gobierno o a las consecuencias materiales de ese gobierno verificables en ese país, estado, nación o patria, como pueden serlo las excelentes condiciones de prestación de servicios públicos, de agua potable, transporte, seguridad ciudadana, energía eléctrica, salud, alimentación, administración de justicia, recolección de desperdicios y muchos otros prestados a total satisfacción de los ciudadanos y quienes están orgullosos de hacer vida cívica en ese país.

Como si lo anterior no fuera suficiente y ante las “confusiones” antes aludidas, puede ponerse algo más complicado cuando se le agregan otros conceptos como los de pueblo, ciudadanía, soberanía y otros similares, y aún mucho más complejo, pero aquí más peligroso para la vigencia del propio estado, cuando quienes en ejercicio del gobierno, por lo general apartándose de los principios democráticos que han de regir su actuación, tratan de “confundir” a ese pueblo -que somos todos-, “confundiendo” el concepto de gobierno, incluso de sus funcionarios con el de país, estado, nación o patria (aquí el “confundir” es de desconocimiento y el “confundiendo” es de mezcla, no nos “confundamos” como pretenden los gobiernos hacer), una nueva edición de El estado soy yo del Siglo XXI, hablar bien, o mal de mí, es hablar bien, o mal, del estado.

Consecuencia material de lo anterior, que así como se ha referido en anteriores ensayos, los gobiernos y sus funcionarios mediante sofismas y falacias, hacen ver como si hablar mal, o bien de un gobierno es hablar mal, o bien, de un país, de un estado, una patria o nación, y lo contrario, cuando se habla mal, o bien, de un país o cualquier otro concepto que no es gobierno, precisamente lo que se está haciendo es refiriéndose al gobierno, a sus funcionario y a sus buenas gestiones reflejadas en la alta calidad de vida y prosperidad general de la población, que claro está y ya concluimos no es delito, así se hable bien, o a veces mal.

Arriba señalamos que la libertad de expresión no se agota con la simple libertad de exteriorizar nuestra opinión, así como tampoco se acaba con el tema de la relación con los medios de comunicación, sino que ella se extiende a una nueva proyección de ese derecho a estar informado, a la gestión transparente del gobierno y a la obligación de suministrar la información de dicha gestión, a lo que bien puede agregarse, que no solo que no es un delito el expresarse mal, o bien, de un país, que entendemos se refiere al gobierno y los efectos generados en ese país, sino que a pesar de tampoco ser delito, lo censurable tanto moral, social y éticamente es permanecer callado ante las violaciones y atropellos de los gobiernos y sus funcionarios hacia su pueblo, la violación de los derechos humanos, el desconocimiento de las decisiones de órganos internacionales, silencio que más que censurable, constituye una tácita pero abierta complicidad.

Como todos los trabajos anteriores, dejo estas reflexiones para que con conciencia crítica, puedan ser objeto de opinión, buena o mala. En eso consiste la libertad de expresión, más que de proferir la opinión en que el receptor libremente pueda escoger entre acogerlas o no.






[1] Libertad de expresión consagrada en el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de abril de 1948, el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de diciembre de 1948, el artículo 10 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de Europa de noviembre de 1950, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de diciembre de 1966, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de noviembre de 1969, el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana de septiembre de 2001 y el artículo 11 de Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de diciembre de 2007.
[2] Milton John. Aeropagítica. Traducción Francés LL. Cardona. Ediciones Brontes S.L. Barcelona 2011. Pag. 110.
[3] Hay excelente trabajos sobre el tema véase: Patria, nación, estado "et de quibusdam aliis" de Bandieri, Luis María. Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, vol. 37, núm. 106, enero-junio, 2007, pp. 13-53. Universidad Pontificia Bolivariana.