lunes, 31 de agosto de 2015

Una pequeña reflexión para comprender el asunto sobre el Esequibo y su reclamación.


Recientemente ha llamado la atención y ocupado bastante espacio en las noticias el tema de la Guayana Esequiba, los derechos se Venezuela sobre esa importante extensión de terreno y los reclamos históricos hechos al Reino de Gran Bretaña y que hoy se continúan ante la que entonces fuese su colonia, la Guayana Británica y hoy un estado independiente como lo es la República Cooperativa de  Guyana.

Antes de continuar y para aclarar un poco la confusión que en general pueden generar estos dos nombres Guayana y Guyana, merece destacarse que Guayana, es el nombre del lugar, de la extensión de terreno, es por ello que cuando se refiere a la reclamación sobre el espacio físico se hace mención es a la Guayana Esequiba, mientras que Guyana es el país, hoy la República independiente a la que se le formula la reclamación del territorio, Estado autónomo que antes de 1966 fue colonia británica y que se denominase Guayana Británica, si, como el territorio. Pero baste que estemos claros hoy en la actual diferencia entre ambas denominaciones, Guayana es el territorio en reclamación, y Guayana la República a la que se le reclama la ilegítima toma de la extensión de terreno.

Es de advertir en primer lugar que en modo alguno pretende señalarse que es un tema sencillo todo lo que rodea el caso y que pueda abordarse con la seriedad que merece sin la participación de profesionales expertos sobre la materia y con el estudio de los abundantes y muy acuciosos trabajos, advertencia que ha de formularse ante la constante difusión de opiniones, incluso que pudieran algunos entender de oficiales por provenir de funcionarios públicos pero que en carecen del conocimiento específico del caso y sus declaraciones pudieran ser utilizadas con desviados fines. Este pequeño trabajo entonces no pretenderá desarrollar con mayor detalle el diferendo territorial, sus causas y menos aún las medidas que han de tomarse en tan importante caso, también es de advertir que no es de mi especialidad profesional la materia, por lo que simplemente se pasará a destacar de manera muy gruesa aspectos y efectuar precisas reflexiones y elementos que considero necesarios para que cada lector pueda hacerse su propia idea y comprensión del caso como ciudadanos venezolanos , y que el devenir de las acciones que hayan de ser tomadas, la manera como se haga, o deje de hacerse y de las informaciones sobre ello, no resulten desviados de los legítimos intereses de país, para el sustento de posturas antidemocráticas y absolutistas como por lo general suele verificarse en la historia de nuestra región latinoamericana, además de animarlos a investigar individualmente el tema.

Se trata de casi ciento sesenta mil kilómetros cuadrados (160.000 kms2), (esto es una extensión mucho más grande que la de Austria, Dinamarca, Grecia, Honduras, Holanda, Portugal o Suiza), que correspondió, inequívocamente cabe destacar desde el principio de esta disertación, originariamente a la Capitanía General de Venezuela con anterioridad a su proceso independentista que iniciase el 19 de abril de 1810 y nacimiento como república independiente y soberana, como así lo señala expresamente nuestro artículo 10 constitucional, que se identifica con el artículo 7 de la Constitución de 1961.

Antes de la independencia de Venezuela, esa extensión de terreno, perteneciente a la Capitanía General, que a su vez era colonia española, colindaba con territorio colonial de Holanda, y que ésta cediese a  Inglaterra en 1814 luego de finalizadas las Guerras Napoleónicas y múltiples encuentros de similar naturaleza de inicios del Siglo XIX en los que estuviesen involucrados principalmente Inglaterra, Francia, España y Holanda, resultando pues en la conformación de la Colonia de la Guayana Británica, que es de advertir y recalcar, en lo que era territorio que antes extensiones fuesen colonias holandesas, al Este del margen del río Esequibo, es decir, jamás comprendió los terrenos hoy aspirados por Guyana y que le corresponden a Venezuela.

En este estado de la disertación, y así se mantendrá durante la misma, puede afirmarse que no existe duda alguna que tal extensión de terreno, siempre ha sido, es y será de Venezuela, eso es meridiano e inequívoco. Pero el asunto no puede quedar allí, ¿qué ha pasado con la posesión?, ¿con la soberanía sobre la extensión de terreno?, quienes allí  viven: ¿qué sentimientos tienen hacia Venezuela?,  por qué antes teníamos una visión de nuestro territorio con el señalamiento de esa zona, en reclamación, pero en definitiva nuestro mapa la mostraba, ¿por qué no se mostró más?, ¿a quién ha de responsabilizarse?, ¿cuáles fueron las causas, posibles causas de la situaciones que hoy experimentamos?. El tema no se acaba con el de la propiedad, ya este está resuelto y es más que superado, el territorio de de Venezuela, punto. Analicemos otros más para ver a que conclusión particular arriba cada uno de nosotros.

Centraremos nuestra atención a los hechos y diversas situaciones ocurridas desde 1810 a la presente fecha, pero es de destacar que con anterioridad a dicho año, en el que se inicia la empresa independentista, es también innegable en interés de los otrora imperios europeos en el nuevo continente, en toda su extensión, en especial sus riquezas y todas la explotaciones de productos sobre los cuales se sustentaban sus economías, algodón, café, cacao, madera, perlas, plata, oro, y más recientemente petróleo; actividades, productos y su comercio que generaron grandes conflictos entre tales imperios y regímenes, con las evidentes consecuencias en los territorios donde es explotaban, y que hacen totalmente evidente las pretensiones de hacerse de mayores extensiones de terreno que aquellas que  les corresponderían originariamente. A todo lo anterior pudiéramos añadir las complejidades y dificultades propias de esas épocas de medición y equipos para trasladarse y crear asentamientos.

Es entonces que, ante esa, aunque censurable y no justificable, pero entendible práctica de irrumpir en otros territorios con la procura de intereses económicos, y las riquezas que provienen de la minería y petróleo son grandes, suele aumentar en aquellos casos en que el Estado al que se le vulneran sus derechos, adolece de debilidades que no le hacen posible atender de la mejor manera las agresiones, no necesariamente expresas sino veladas y mediante diversas maquinaciones con que pretende el agresor constar con al menos un mínimo viso de legitimidad.

Así como ocurre en aquellos casos de raterismo en los que aprovechándose de la falta de atención y vigilancia de la víctima, la hacen más proclive a esas prácticas indebidas, igual se verifica en cuanto a aquellas ilícitas prácticas de quienes tienen como actividad de su preferencia hacerse de lo ajeno, sea esto extensiones de terreno de otros Estados, de particulares, o de otros bienes, simplemente es que a mayor vulnerabilidad de la víctima, mayores son las probabilidades de resultar despojada de sus derechos, y los que difícilmente podrá recuperar mientras se encuentre en situación de vulnerabilidad. En el caso del Esequibo no fue muy diferente, veamos:

Recientemente de iniciado el proceso independentista en 1810 y caída la Primera República en 1812, Inglaterra recibe de Holanda sus terrenos coloniales en la región del Esequibo, ello como se refiriera ocurrió en 1814, las extensiones en comento, históricamente han sido referencia de albergar grandes yacimientos de riquezas mineras, en especial para la época de oro.

Tenemos entonces, que el Imperio de Inglaterra, recibe de Holanda sus posesiones coloniales, colindantes con las de Venezuela en proceso de gestación como República y Estado  independiente, Inglaterra que ya en ocasiones anteriores había tenido enfrentamientos tanto con Holanda y Francia, como con España, en los que también estuvo en distintos tiempos ocupando intermitentemente extensiones en la región cercanas  a la hoy en conflicto pero en modo alguno sobre las mismas, tierras que resultan altamente apetecibles, y para colmo, su propietaria, la naciente Venezuela en proceso de guerra de independencia, una clara señal de debilidad de su institucionalidad en formación, ya que en fin, existían asuntos que requerían mayor atención, y precisamente no se encontraban en aquella alejada región.

Venezuela, por una parte, luchando por su independencia, en su Segunda República; Inglaterra, en plena posesión colonial de la zona limítrofe colindante. En 1819, en la región más cercana al terreno contiguo en la propia provincia de Guayana, tiene lugar el Congreso de Angostura y luego creada la Gran Colombia. Inglaterra en posesión colonial de su extensión. En Julio de 1822, se entrevistan en Guayaquil Bolívar y San Martín. Se concreta el proceso de independencia, más todavía no existe fortaleza institucional definitiva. Inglaterra, en plena posesión colonial.
En 1830, Venezuela se separa de la Gran Colombia, la institucionalidad sigue sin conformarse con firmeza suficiente. Mientras tanto Inglaterra, en posesión colonial.

De 1831 a 1835, presidió la nueva república José Antonio Páez, quien también lo hiciera de 1839 a 1843 y luego de 1861 a 1863. Entre su primera y última presidencia, muchos otros ejercieron tal magistratura entre los que podemos mencionar, el “monagato”, José Tadeo Monagas 1847 a 1851, su hermano José Gregorio 1851 a 1855 y repite José Tadeo de 1855 a 1858, el mismo que protagonizó el asalto al Congreso en enero de 1848 ante la investigación y antejuicio que se intentase en contra del presidente y donde resultaron fallecidos algunos miembros del legislativo, cuando se le advirtió a Monagas que ello contrariaba la Constitución, simplemente respondió: “La Constitución sirve para todo”.

También durante ese período, entre los años 1859 y 1863 la guerra federal que tuvo lugar principalmente hacia la zona central del país, bastante alejado del Esequibo. Como perfectamente puede imaginarse, tampoco contaba la república con una institucionalidad totalmente sólida ante el dinamismo político y sucesiones presidenciales en la que no menos de quince personas ocuparon dicho cargo de entre 1830 y 1870.

Mientras ello ocurría en Venezuela, en las tierras de la Guayana Británica, Inglaterra ejercía su colonialismo y en el año 1835, a los fines de delimitar la extensión de su territorio, se le encomendó al explorador alemán Robert Schomburk que procediera a delimitar las fronteras entre ambos territorios dando como resultado lo que se llamó la Primera Línea Schomburk, la cual irrumpía dentro del territorio venezolano en casi 5.000 kilómetros cuadrados.

Seguramente, ante la falta de firme oposición por parte de Venezuela, que entendemos su interés estaba centrado en otros menesteres en extensiones hacia el centro, y ante una carencia de instituciones que de manera contundente detuvieran la incursión en tierra venezolana, se procedió a trazar una segunda línea de Schomburk en 1841, pero esta vez irrumpiendo más internamente en territorio venezolano y tomando 141.930 kilómetros cuadrados, como si ello no fuera suficiente, nos imaginamos que ante el evidente descuido de la región producto del dinamismo político de ya nacida nación pero que se viese envuelta en guerras caudillistas,  en 1887 se traza otra línea, pero en la que nada más y nada menos irrumpe y pretende hacerse de 167.830 kilómetros cuadrados, prácticamente si es por Schomburk llega hasta Angostura, hoy ciudad Bolívar.

¿Qué más ocurría en Venezuela mientras?, pues hechos que no colaboraban con la formación de una estabilidad de instituciones democráticas, carentes de un verdadero constitucionalismo y en modo alguno permanentes. Solo para mencionar algunos: el gobierno considerado como uno de los más absolutistas, personalistas y dictatoriales del país, el de Antonio Guzmán Blanco, quien gobernó en tres ocasiones, de 1870 a 1877, de 1879 a 1884 y de 1886 a 1888.

Ante la ya grosera incursión e ilegítima pretensión por parte de Inglaterra de hacerse de casi 170 mil kilómetros cuadrados de territorio venezolano,  las partes a los fines de arribar a un acuerdo deciden someter su diferendo a un procedimiento arbitral llevado en la ciudad de París, el cual resultase contrario a los intereses de Venezuela dictándose el famoso Laudo Arbitral de París de 1899, en el que se acoge prácticamente en su totalidad del segunda línea de Schomburk, fallo arbitral que resultó ser moralmente devastador para la República, pero al parecer, como siempre, los problemas próximos reclamaban atención apremiante..

El país se adentra en el siglo XX y lo hace ocupando su presidencia Cipriano Castro, quien gobernó desde 1899, año del laudo hasta 1908. Durante su mandato ante la falta de pago, hoy conocido como “default”, de sus obligaciones internacionales de deuda externa, ocasionó que Inglaterra, Alemania e Italia entablaran un bloqueo en las costas venezolanas exigiendo el pago de las sumas adeudadas, bloqueo que ocurriño entre 1902 y 1903.

A Cipriano Castro le siguió José Vicente Gómez, otro dictador personalista que gobernó, no ininterrumpidamente, desde 1908 a 1935. Como es de concluir, de regímenes dictatoriales y personalistas, no mucho se puede esperar de crecimiento institucional democrático, y por ende, la ilegítima propensión de los atraídos de los bienes ajenos en irrumpir y permanecer en tierras que no son de su legítima propiedad.

Si bien desde que fuese dictado el laudo arbitral Venezuela lo denunció en diversas ocasiones y lo consideró írrito, no fue sino hasta que ante el fallecimiento del abogado norteamericano que atendió los derechos de Venezuela, Severo Mallet-Prevost, quien dejó un memorándum de 1944 para que se hiciese público luego de su muerte en el que revelaría la actuación fraudulenta en contra de los derechos de Venezuela en el que destacaba que “si bien es cierto que dio a Venezuela el sector en litigio más importante, desde un punto de vista estratégico, fue injusta para Venezuela y la despojó de un territorio muy extenso e importante sobre el cual la Gran Bretaña no tenía, en mi opinión, la menor sombra de derecho…” Es ante tal evidente develación del vicio de nulidad del laudo que es firmado en 1966 el Acuerdo de Ginebra, mediante el cual las partes, Venezuela, Gran Bretaña, y la República Cooperativa de Guyana que se encontraba en formación para esa fecha ya que estaba en proceso de independencia, acordaron en dirimir el diferendo del territorio, fijando un plazo de 4 años, que luego fue prorrogado por 12 años mas hasta 1982, fecha desde la cual no ha habido mayor alcance material sobre el diferendo, ello no obstante puntuales episodios esporádicos de reclamación y pronunciamientos, pero que a la postre no han resultado en ninguna solución material, mientras tanto existe una posesión y administración por parte de Guyana de la extensión de terreno que totalmente es venezolano.

Como hemos observado, existen dos realidades que colisionan entre sí, la de una inequívoca y clara titularidad por parte de Venezuela de esa extensión de terreno y que data desde mucho antes de su conformación como Estado libre e independiente, y la realidad fáctica de una ocupación y administración por parte de Guyana como hoy Estado Independiente. Situación fáctica que como de manera muy general hemos podido analizar, proviene de múltiples factores  hechos, no necesariamente muy legítimos, planos falsos, delimitación fe líneas fronterizas fraudulentas, ardides y corruptelas en procesos de jurisdicción arbitral, y muchos otros, como si la propia Venezuela fuese víctima en carne propia de los que muchos de sus ciudadanos día a día, y cada vez más tienen que soportar.

En efecto, desde una visión y opinión muy general es totalmente oprobiosa la actuación de los terrófagos, pero ello no convierte automáticamente a Venezuela, la víctima, en el mejor ejemplo de perfecta vigilante y cuidadora de los intereses que asumió al decidir convertirse en Estado independiente, menos aún como gestadora y promotora de instituciones constitucionales y democráticas serias y fuertes, cuya carestía no constituyen más que una invitación a los irregulares y a los malhechores a hacer de las suyas, entonces es responsable también la República, y más aún, los funcionarios que desde que se lanzaron con el proyecto libertario desviaron su misión hacia proyectos caudillistas y personalistas. Ampliamente ha quedado demostrado que en los momentos de mayor debilidad institucional hemos sido presa más fácil ante las hostilidades. Hemos pues de preguntarnos: ¿estamos institucionalmente preparados para asumir el reto de reclamar nuestros derechos?, ¿en este nuevo siglo XXI nuestras instituciones comprenden bien la situación como para que responsablemente asistamos, no con ínfulas caudillistas o patrioteras a reclamar nuestros derechos?, yo creo que no.

A mí, en lo personal no me queda duda alguna sobre los inequívocos derechos de Venezuela sobre esos caso 160 mil kilómetros cuadrados, así como no me queda duda alguna del indebido proceder de Gran Bretaña y otros intereses, especialmente en el proceso arbitral de 1899, pero tampoco podemos dejar de reconocer que la institucionalidad democrática y constitucional de Venezuela no ha sido la más adecuada, por lo que debemos reclamarle directamente a las autoridades el fatal incumplimiento de sus obligaciones.

Ahora mismo, en agosto de 2015, y producto de las políticas exteriores desde 1999 a la presente fecha, ¿Existe institucionalidad democrática para acometer las acciones de reclamación? Que cada uno arribe a su propia conclusión, lo que sí está claro es que estos no son asuntos que deban atender trasnochados o empíricos, debe más que hacerse los reclamos, que en efecto deben hacerse, trabajar nuestra constitucionalidad, nuestro Estado de Derecho, nuestra seguridad jurídica, nuestras instituciones democráticas, para luego, así efectuar los debidos reclamos.

Que mensaje de seriedad y fortaleza institucional puede recibir Guyana de todos los hechos históricos narrados, que podrá pensar si en visita que hiciese el presidente de Venezuela en la propia ciudad de Georgetown en el año 2004  manifestó que “...Venezuela no se opondrá al desarrollo de proyectos en el Esequibo incluso los referidos a zona de libre comercio y cooperación energética, hasta tanto no se produzca una solución al conflicto limítrofe”, es más, que evidente resulta que declaraciones como tales no se corresponden a la debida institucionalidad que debe existir para la seria exigibilidad de lo que sea de interés general. Sin que sea necesario ir muy lejos, baste con leer en las noticias recientes, los graves problemas de invasiones en el cerro El Ávila, o si prefieren el Warairepano, y me pregunto yo, si no puede la institucionalidad actual abordar un tema de extensiones de terreno en la ciudad capital y recuperar extensiones de terreno ilegítimamente tomadas, ¿qué hace pensar que podrá esa misma institucionalidad recuperar el Esequibo, o será más perorata?

Conclusiones…. Como siempre, las que a bien tengan tomar.



lunes, 17 de agosto de 2015

Tribunal Supremo suspende todos los procesos inquilinarios de vivienda.

Tribunal Supremo suspende la ejecución.

Sala Constitucional del Tribunal Supremo de justicia hoy, 17/08/2015, admite acción de protección de derechos e intereses colectivos y difusos intentada por MOVIMIENTO DE INQUILINOS, entre otras cosas,  dicta medida cautelar de formación de mesas de trabajo para atender causas de ejecución de acciones judiciales inquilinarias; suspenden ejecuciones, obligan a formular ofertas de venta.

Asimismo ordena la notificación y comparecencia a la CAMARA VENEZOLANA DE LA CONSTRUCCIÓN; LA CAMARA INMOBILIARIA DE VENEZUELA; y LA ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE INMUEBLES URBANOS (APIUR) y al SUPERINTENDENTE NACIONAL DE ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA (SUNAVI).


viernes, 14 de agosto de 2015

Sobre la postulación a diputados de los llamados “paracaidistas”

Recientemente se formuló una consulta sobre la legalidad, más bien sobre la constitucionalidad, de las postulaciones a los cargos de diputados de personas que según señalan los consultantes, son residentes de las entidades en las cuales se postulan y de quienes se refieren como “paracaidistas”, en alusión a aquellos que intempestivamente simplemente descienden del cielo enviados por otros y no precisamente con alguna misión o encargo divino y de buena voluntad.

Lo primero que hay que destacar es el contenido de la norma prevista en el  artículo 188.3 de nuestro texto constitucional que señala como requisito para ser elegido como diputado a la Asamblea Nacional de “Haber residido cuatro años consecutivos en la entidad correspondiente antes de la fecha de la elección..”. Si bien de la lectura de dicho enunciado pareciera no quedar duda alguna que ello debería ser entendido en cuanto a que esos cuatro años habrían de ser inmediatamente antes de la elección y que en tal sentido el postulante debería estar inscrito en el circuito en el que ha venido ejerciendo el sufragio y en el que se postula, nuestra realidad es totalmente distinta, ya que según informan los consultantes, se han presentado postulaciones de personas que no cumplen tal requisito de residencia de más de cuatro años continuos en la entidad.

Dicha práctica, que a primera vista pudiera resultar abiertamente inconstitucional, deviene de la existencia de otro enunciado de rango sublegal como lo es el artículo 113 del Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales de agosto de 2012 y cuya redacción es la siguiente: “Haber residido cuatro (4) años consecutivos en la entidad correspondiente, en cualquier momento antes de la fecha de la elección.”. Como podemos observar, esa simple adición al supuesto de hecho previsto como requisito esencial para ser diputado a la Asamblea Nacional resulta sustancialmente alterado, pudiendo entonces una persona que haya nacido en determinado estado y que a los cinco años de edad sus padres lo trasladado a otro estado, postularse en su estado natal sin tener experiencia alguna sobre la realidad social de dicha entidad. Supongamos en este caso hipotético de un postulante con 65 años de edad, cómo podría tener la mínima idea de la realidad social y verdaderas necesidades de los electores de la entidad a los que pretende representar en la Asamblea Nacional.

Sobre la grave situación presentada por la contradicción entre la norma constitucional y la reglamentaria, el profesor José Ignacio Hernández publicó recientemente un artículo llamado “¿Cuánto tiempo debe haber residido un candidato a Diputado en el estado que desea representar?”, cuya lectura resulta prácticamente obligatoria para la formación de una idea más clara sobre el tema y las vías a las que deben ocurrir los interesados para evitar las concreción de mayores y más graves violaciones.


Es ante tal no inusual pero si como hemos destacado grave situación, que merece recordar que hace más de quince (15) años, específicamente el día catorce (14) de junio de 2000, los profesionales del Derecho Ricardo Combellas, Gustavo Briceño y Jesús Mariotto, actuando en nombre propio, presentaron ante la Sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, un Recurso de Interpretación sobre el referido artículo 188, específicamente sobre el requisito del tiempo de residencia exigido a los postulantes a diputados, manifestando los recurrentes “su preocupación por la inscripción de candidatos a Diputados a la Asamblea Nacional, en clara contravención con la norma respecto de la cual se solicita el recurso de interpretación…”

Como era de esperarse, y hoy a más de quince años de haber sido interpuesto ese recurso en sede constitucional, la Sala Constitucional lo declaró INADMISIBLE, señalando entre otras cosas que dicho recurso “no puede sustituir los recursos procesales existentes ni traducirse en una acción de condena, ni declarativa, ni constitutiva, por lo que si el recurrente persigue adelantar un pronunciamiento sobre un asunto planteado ante otro órgano jurisdiccional o pretende sustituir con esta vía algún medio ordinario a través del cual el juez pueda aclarar la duda planteada”; asimismo que, “tampoco puede pretender el recurrente acumular a la pretensión interpretativa otro recurso o acción de naturaleza diferente, ya que conllevaría a la inadmisibilidad por inepta acumulación de pretensiones o procedimientos que se excluyen mutuamente. Tal sería el caso en que pretenda acumular un recurso de interpretación con un conflicto de autoridades, o que se solicite conjuntamente la nulidad de un acto de algún órgano del Poder Público –tanto en el caso que se pretenda que la decisión abarque ambas pretensiones o que las estime de forma subsidiaria-, o que promueva la interpretación de algún texto de naturaleza legal o sublegal, o la acumule con un recurso de colisión de leyes o de éstas con la propia Constitución”, y concluyendo que “… De igual modo, será inadmisible la solicitud de interpretación cuando exista la convicción de que constituye un intento subrepticio de obtener resultados cuasi jurisdiccionales que desbordan el fin esclarecedor de este tipo de recursos; es decir, que lo planteado persiga más bien la solución de un conflicto concreto entre particulares o entre éstos y órganos públicos, o entre estos últimos entre sí; o una velada intención de lograr una opinión previa sobre la inconstitucionalidad de una ley. En fin, cuando lo pedido desnaturalice los objetivos del recurso de interpretación”.

Como claramente puede observarse, los entonces recurrentes, más que una válida preocupación de entonces, presentaron una predicción de lo que se estaría franguando quince años después, cuando para las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional se estarían presentando postulaciones en las que no se cumple con el requisito “constitucional” de residencia continua de más de cuatro años antes de la elección, y lo que es peor, y así manifiestan los consultantes, les han informado de casos en los que siquiera se reúne el requisito “reglamentario” de esos cuatro años hayan ocurrido en cualquier momento.

Para pasar al siguiente punto de interés y para terminar con la sentencia del tribunal Supremo de Justicia, culmina el fallo en su motivación: “Cosa distinta sería, como fue advertido más arriba, que un ciudadano presentase un recurso de impugnación contra una presunta omisión de dicho órgano, de ser el caso, cuya tramitación y decisión sí podría realizarse, una vez cumplidos los presupuestos procesales de rigor, sobre la verdad o falsedad de las denuncias y el juez correspondiente decidiría, sobre la omisión o actividad contraria a derecho, ordenando lo conducente; pero a esta Sala, en virtud de que ejerce la genérica función jurisdiccional y el específico poder de garantía del ordenamiento jurídico constitucional, le está vedado acoger la petición que se formula a través de esta vía.”

Aquí el fallo en comento:

La interrogante de los consultantes y que se identifica con la interrogante de muchos: ¿Qué hacer entonces?

La respuesta más sencilla: el no hacer nada es aceptar la abierta y nueva vulneración del texto constitucional, y peor aún, ser cómplices por omisión. Ante esta respuesta, replican los consultantes: Pero si interponemos acciones e impugnaciones, pocas son las probabilidades de obtener algún resultado favorable.

Nueva respuesta a modo de contrarréplica: Las acciones, impugnaciones, reclamos, estudio, análisis, reflexiones no has de ser intentadas por lo que respecta a los postulantes. El problema no son los postulantes, son los electores, hay que hacerlo por los ciudadanos. Véase artículo: http://conrigo.blogspot.com/2015/04/curso-basico-para-postulantes-diputados.html

Se le repregunta a los consultantes, ¿Cuál es la función esencial y natural del Poder Legislativo?. Responden: crear leyes. No, no es esa la tarea esencial, es sin duda importante pero no es la esencial. La misión principal del legislativo es impedir que sea el Poder Ejecutivo el que dicte las normas, el que sea el ejecutivo, el príncipe, el monarca que el que legisles, eso más bien es propio de los otrora estados totalitarios, propio del absolutismo, fue ante ello que surgió el Estado de Derecho, el sometimiento del Estado a la Ley, a la norma, a la Constitución. Es el Estado, principalmente el Ejecutivo, el obligado principal ante el Estado de Derecho, y no al contrario, es decir, que se pretenda, como muchos indebidamente creen que la legislación es herramienta del Estado frente a los ciudadanos.

No intentar las acciones e impugnaciones que disponen las normas para los casos concretos, no obstante su abierta contradicción con el desiderátum constitucional de leyes y reglamentos como hemos observado, equivaldría a negar la superación del estado totalitario por el Estado de Derecho, así como la propensión a un estado mucho más justo como el Estado democrático y social de derecho y de Justicia, que tiene como presupuesto el sometimiento de los poderes públicos a la Ley.

El artículo 65 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, dispone que podrán impugnarse las resoluciones relativas a las postulaciones, lo cual deberá hacerse dentro de los cinco (05) días continuos siguientes a la publicación de la decisión de tales resoluciones en las carteleras electorales correspondientes, lo cual para el venido proceso comicial no ha ocurrido.

Es así pues que, deberá el electorado, colectivamente o cualquier miembro individual, que se vea afectado en sus intereses al haberse efectuado y aceptado una postulación de alguien que no haya reunido el requisito de residencia mínima de cuatro años continuos con anterioridad a la celebración de los comicios, inmediatamente anterior como refiere el enunciado constitucional, o en cualquier momento, como refiere el enunciado reglamentario, y con más razón si jamás el postulante ha residido en la entidad, podrá interponerse la impugnación ante el Consejo Nacional Electoral.

Consideraciones sobre la constitucionalidad o no, del artículo 113 del Reglamento de la Ley Orgánica de Procesos Electorales que dispone que el requisito de residencia de cuatro años en la entidad de ser entendida en “cualquier momento” antes de la elección.

El referido Reglamento fue dictado por el Consejo Nacional Electoral sustentado en el artículo 293.1 de texto constitucional y el 33.29 de la Ley Orgánica del Poder Electoral, ambos enunciados que lo facultan respectivamente para: (i) “reglamentar leyes electorales y resolver las dudas o vacíos que éstas susciten o contengan” así como de (ii) “reglamentar las leyes electorales y de referendo”. Como resulta de meridiana inteligencia y entendimiento, en modo alguno se encuentra facultado el Poder Electoral para interpretar el artículo 188.3 constitucional, ni mucho menos para cambiar de manera sustancial su contenido como lo hizo en cuanto a que se tenga que tal lapso de residencia sea en cualquier momento, y menos aún, que no sea aplicado y pueda así cualquier persona que no haya residido en una entidad, postularse como candidato a diputado, por lo que en este estadio bien puede afirmarse de manera contundente que el artículo 113 del Reglamento adolece de graves vicios de inconstitucionalidad, siendo factible interponer acción popular de inconstitucionalidad contra dicho artículo, claro está, con el mismo riesgo de ser dificultosas las posibilidades de obtener algunas resultas democráticas, pero con similares reflexiones respecto a que no hacerlo, constituiría una sumisa aceptación de tales inconstitucionales prácticas. La historia en definitiva decidirá.

¿Qué otras acciones caben?. Ante la evidente trasgresión por parte de la norma referida, y ante la inminente celebración de los procesos electorales, bien pudiera conforme el artículo 3º de la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y Garantías Constitucionales interponerse una acción de amparo contra norma, tanto de manera autónoma o conjuntamente con la acción popular.

Temas prácticos. ¿Qué pasa si transcurre el lapso de impugnación y la misma no se efectúa?, O si interpuesta, no se obtienen resultas democráticamente y constitucionalmente favorables?; y aún así se celebran las elecciones y resulta electo alguno de estos postulantes que no han cumplido con los requisitos esenciales…. ¿Es legítima dicha designación?, ¿Su ejercicio?. Son muchas las reflexiones y consideraciones que podemos formular al respecto y que ameritaría otro trabajo. Baste entonces con mencionar que gravemente se vería afectada nuevamente con esa legitimidad en entredicho, la constitucionalidad, así como “la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” a que expresamente refiere el artículo 2 de nuestra carta magna.


Otras conclusiones….. las individuales a que cada uno quiera arribar.

martes, 4 de agosto de 2015

Legislación Corrupta


Interesante fresco elaborado por el pintor Elihu Vedder en 1896 y se encuentra ubicado en la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica.

Dicha obra, un semicírculo, claramente se observan dos planos, divididos por la legislatura representada por una dama quien en una mano sostiene una balanza romana, que podemos entender significa que debe en su labor, propender a dictar leyes justas. La otra mano, extendida de manera piadosa y compasiva hacia un personaje representado por una joven que se ve aspira protección legal por lo que pareciera su posición disminuida y miserable ante el poderoso corrupto.

Hacia nuestro lado izquierdo como espectador, es decir del lado derecho de la legislatura, donde se muestra la joven, harapienta y descalza, un muro de ladrillos demolido y una vasija rota, y las sombras de unas industrias paralizadas, ello se denota por estar sus chimeneas apagadas. De nuestro lado derecho como espectador, a la izquierda de la legislatura, el corrupto, representado por un señor algo mayor, con expresión de serenidad, poniendo una bolsa de monedas en la balanza de la legislatura quien simplemente no hace más que observar compungidamente a la pobreza.  

El corrupto, con finos ropajes y calzado. A sus pies, muchas otras bolsas de monedas, una caja fuerte, una vasija repleta de bonos o notas. En sus piernas un libro que se lee dice “The Law” (La Ley), tres libros más a su lado apoyados en un magnifico y completo muro de mármol, al fondo industrias activas, se entiende por las chimeneas de las que brota humo.

Interesante obra en especial sobre la inclusión en una escena netamente ambientada en un contexto greco romano se incluyan elementos sobre la industrialización. Ese interés tiene mayor importancia cuando observamos la firma de la obra 1896.


A ver que otra observaciones podemos efectuar sobre la legislación corrupta, de la pintura. Ah sí, es otoño, pero al parecer solo para la pobreza,no así para el corrupto.