viernes, 18 de marzo de 2016

La situación de Venezuela en el Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos


El día de ayer 17 de marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su Informe Anual correspondiente a 2015. En dicho informe, dedica tres capítulos aparte a tres estados específicos ante su particular situación, estos son Guatemala, Cuba y Venezuela.

El esquema general del Informe y los distintos aspectos tratados con suficiente detalle es:

EL DERECHO A LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL Y SEGURIDAD CIUDADANA

Situación de violencia y seguridad ciudadana

Militarización de la seguridad ciudadana

Estado de Excepción


LOS DERECHOS POLÍTICOS,  LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Persecución y criminalización de la disidencia política

Inhabilitación para ejercer cargos públicos

Estigmatización y descalificación de personas percibidas o identificadas de la oposición

Derecho a participar en elecciones populares, con voto secreto, genuinas, periódicas y libres

Respeto y garantía estatal para el ejercicio de la libertad de expresión

En relación con el derecho a la libertad de expresión, la CIDH ya ha identificado que en Venezuela no

El derecho a la protesta social

Agresiones, amenazas y hostigamiento a periodistas y medios de comunicación

Hostigamiento a medios de comunicación extranjeros

Censura, programas cancelados y periodistas despedidos

Escasez de papel prensa

Acceso a información, funcionarios y lugares públicos

Concentración de medios

Radio Caracas Televisión (RCTV)

Publicidad oficial

Legislación y normas restrictivas

Responsabilidades ulteriores

Libertad de Expresión e Internet

La defensa de los derechos humanos y la situación de defensores y defensoras de derechos humanos

Agresiones, amenazas, hostigamiento y criminalización

Sobre el proyecto de ley de cooperación internacional


GARANTÍAS PARA LA INDEPENDENCIA JUDICIAL, EL DEBIDO PROCESO LEGAL Y EL ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA


SITUACIONES DE DERECHOS HUMANOS RELACIONADOS CON GRUPOS O TEMAS ESPECÍFICOS

Personas en el contexto de movilidad humana

Igualdad y no discriminación: Operativos migratorios dirigidos a personas colombianas

Integridad, inviolabilidad del domicilio y propiedad: Uso excesivo de la fuerza en desalojos forzados

Detención migratoria

Expulsiones colectivas 

Debido proceso migratorio

Derecho a solicitar y recibir asilo y principio de no devolución

Vida familiar e interés superior del niño

Personas privadas de libertad

Pueblos indígenas

Situación de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex (LGBTI)

Derechos de las mujeres

Situación de las personas afrodescendientes

Niños, niñas y adolescentes (NNA)

Derechos económicos, sociales y culturales (DESC)

Aquí el link para descargar el capítulo específico sobre Venezuela:

miércoles, 16 de marzo de 2016

El caso de la “lista Tascón” será conocido por la Jurisdicción Interamericana de Protección de Derechos Humanos.



El pasado día 08 de marzo de 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sometió al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de los ciudadanos Rocío San Miguel Sosa, Magally Chang Girón y Thais Coromoto Peña, ante el incumplimiento por parte del Estado venezolano de las recomendaciones contenidas en su Informe de Fondo.

Como se recordará, la práctica de la “lista Tascon” era la de segregación, una suerte de “apartheit a la venezolana” en la que los ciudadanos que firmaron la solicitud de referendo revocatorio del presidente Chávez eran excluidos de diversas relaciones con el estado, contrataciones, acceso a empresas del estado, restricción al acceso a servicios públicos  e incluso la indebida expulsión de la administración pública, específicamente del Consejo Nacional de Fronteras por razones políticas como trata el caso de los denunciantes.

De conformidad con las normas que rigen el procedimiento en el sistema interamericano, el informe de fondo tiene carácter confidencial, únicamente comunicado a los peticionantes y al estado, no obstante ello, aquí el enlace para la nota de prensa sobre la remisión a la Corte y a la página desde puede ser descargado el informe de admisibilidad del caso


http://www.oas.org/es/cidh/expresion/jurisprudencia/decisiones_cidh_admisibilidad.asp

lunes, 7 de marzo de 2016

Audiencias Públicas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos


Ya se publicó el calendario correspondiente al 157 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá lugar los días 2 al 15 de abril de 2016 y en la que se celebraran diversas audiencias públicas.

Son muy variados e interesantes los distintos tópicos que se tratarán en las audiencias.

Relacionado con Venezuela las audiencias abordarán los siguientes puntos:

1.- Situación general de derechos humanos en Venezuela Estado de Venezuela.
2.- Derecho a la salud en Venezuela.
3.- Derechos humanos y “Operación Liberación del Pueblo” en Venezuela

Todos los demás temas que se tratarán son de gran interés, aquí algunos otros:

1. Situacion general de derechos humanos en Costa Rica
2. Deuda pública, política fiscal y pobreza en Puerto Rico.
3. Situación de derechos humanos de niños, niñas y familias migrantes y refugiados en Estados Unidos.
4. Derechos humanos y acceso al agua en Estados Unidos.
5. Medidas para reducir la prisión preventiva en América.
6. Derecho a la libertad de expresión y regulación de medios de comunicación audiovisual en América.
7. Protestas estudiantiles y derechos humanos en Sao Paulo, Brasil.
8. Derechos culturales e Internet en Brasil.
9. Derechos de las personas privadas de libertad y la privatización del sistema penitenciario en México.
10. Acceso a la información y restricciones indirectas a la libertad de expresión en México.
11. Seguimiento del informe “Mujeres indígenas desaparecidas y asesinadas en Columbia Británica”, Canadá.
12. Derecho a la libertad de expresión y cambios a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en Argentina.
13. Sistemas nacionales de protección para defensores y operadores de justicia en América.
14. Situación de defensores y defensoras de derechos humanos en Cuba.

Todas las audiencias podrán ser observadas en vivo.
En los siguientes enlaces podrá tener información adicional y descargar el programa.


viernes, 4 de marzo de 2016

La ley como mecanismo de control o reconocimiento y garantía de libertades. La lectura democrática o no de la ley



Ante la situación actual que vive Venezuela, y en particular ante los recientes choques institucionales (orgánicamente) en los que están por un lado, el Poder Legislativo (en nombre del pueblo en Asamblea, el soberano), representado por la Asamblea Nacional, y por el otro el Poder Ejecutivo (El régimen que se dice el Socialismo del Siglo XXI, la Revolución Bolivariana –que en modo alguno aparece referido en la carta fundamental-), representado por la Presidencia de la República y también materialmente por el resto de los poderes públicos, en especial del Poder Judicial, con mayor especificidad por el Tribunal Supremo de Justicia, y más aún por la Sala Constitucional; son muchos los foros, jornadas, conversatorios, y otros eventos en el contexto académico en el que se discute y conversa sobre decisiones emanadas de dicha Sala Constitucional, particularmente la que declara la Validez del Decreto de Estado de Emergencia Económica del Ejecutivo Nacional y que previamente había sido rechazado por el Legislativo, y mucho más reciente por la sentencia Nº 9/2016 que pretende vaciar de contenido el texto fundamental en cuanto a las facultades de control de la Asamblea.

Hemos de destacar que además de estas actividades en contextos académicos, puede sin duda alguna notarse el incremento del interés en la ciudadanía en general en entender la actual situación, ya que es lógico que por valerse el actual régimen, de instituciones (orgánicamente hablando) y decisiones como las recientemente dictadas, se vean confundidos y pudieran creer, como temerariamente ha sido procurado mediante lo que podemos perfectamente denominar falacias y sofismas constitucionales, que todas esas ideas de que por contar con el apoyo de a veces indebidamente llamadas sentencias del “máximo intérprete de la Constitución”, puede el régimen actuar y hacer lo que le plazca, sin control alguno, sin rendir cuentas y lo que es peor, sin que le pudiera ser exigida responsabilidad alguna. Es pues ante esa necesidad de información y de conocimiento general sobre democracia, constitución y política, que en la medida que ha sido posible, en este medio se han publicado diferentes trabajos, que como siempre, la recomendación no es otra que sean recibidos con la mayor conciencia crítica y que de esa manera puedan los propios lectores hacerse su propia idea y concepto de la situación, lo que es propio de sociedades democráticas, la pluralidad y libertad de pensamiento.

Es entonces pues, que en la misma línea, es de gran interés, de vital importancia, no olvidar (lo que al parecer muchos actores en esas instituciones han hecho) que LA CONSTITUCIÓN NO ES UN INSTRUMENTO PARA EL EJERCICIO DEL PODER SINO QUE POR EL CONTRARIO, SURGIÓ Y SIEMPRE DEBE SER ENTENDIDA COMO UN LÍMITE Y RESTRICCIÓN DEL PODER.

Muy lastimosamente se observa a los funcionarios públicos, por lo general a quienes apoyan al régimen que se auto refiere como socialista y revolucionario, que su actuación se sustenta y fundamenta en el texto constitucional, blandiendo en sus manos cual estandarte o trofeo de guerra el pequeño librito que una vez osaron de calificar como “la bicha”, sin empacho alguno manifestando que tal “instrumento” forma parte de un legado que les permite tales actuaciones. Es pues esa errada concepción de constitución (con minúscula), la que deja en total evidencia, más que su desconocimiento, su actuación en contravía de lo que es el Estado de Derecho y lo que en efecto ha de entenderse como constitucionalismo, que no es más que la restricción del ejercicio del poder y a la vez la garantía de los derechos de los ciudadanos, no de un grupo frente a otro, como indebida y maliciosamente se ha querido hacer creer al igual que muchas otras prácticas absolutistas, apoyándose las mismas en falacias o sofismas constitucionales como supra se refirió.

Imaginemos el grado de violación que resulta cuando es ese estado (con minúsculas), ese régimen, que para su actuación, se sustenta en el poderoso instrumento que fue creado para su control; pues no es muy difícil de imaginar y visualizar: corrupción generalizada, incremento de la criminalidad, carestía de bienes y servicios de calidad, falta de prestación servicios públicos, pérdida del valor del signo monetario patrio, pauperización de la calidad de vida, y muchos otros, en fin, más que la pérdida de la vigencia del Estado de Derecho, se verifica la configuración de lo que se denomina un estado fallido, es decir aquel que no puede garantizar los servicios y prestaciones mínimas que justifican su propia existencia.

Pero no nos aparatemos del tema, que como se intituló es “La ley como mecanismo de control o reconocimiento y garantía de libertades. La lectura democrática o no de la ley”.

Tal como hemos visto y podemos atrevernos a afirmar, padecemos, es propio y natural para quienes no entienden lo que significa una verdadera Constitución y constitucionalismo, el significado y extensión de libertad y democracia, para quienes consideran que tanto el texto constitucional como los demás textos normativos, de rango legal como sublegal, así como de los actos en su ejecución dictados, no son más que mecanismos para el ejercicio y ejecución del poder y no constituyen sino órdenes y mandatos que deben ser cumplidos por quienes consideran son sus siervos y vasallos, y todo eso con la actitud, cada vez más pendenciera propia de los regímenes totalitarios, de quien se siente que está haciendo cumplir la ley, cuando en realidad eso no son siempre tales leyes, ni jurídica, ni democrática, ni moralmente.

Esta errada concepción de lo que en realidad es una ley y que como asomásemos no puede ser considerada teleológicamente una orden o mandato apartado de un estado de beneficio general, es históricamente propio de regímenes militaristas de cuya esencia es la subordinación absoluta a la autoridad jerárquica, sin atención a la razonabilidad de las órdenes impartidas o su apego a los criterios necesarios de constitucionalidad, razón por la cual desde tiempos inmemorables se ha entendido en la necesidad del sometimiento de la autoridad militar a la civil.

En una clase un estudiante manifestaba que no podía la gente hacer lo que le diera la gana, que tenían que dictarse leyes para “mandarles”, “ordenarles” la manera en que debían actuar, lo que debían hacer, sino ello sería una locura…. En ante tales expresiones que puede parecernos normales que exponga un joven estudiante cuando defendía la existencia de leyes para limitar el compartimento humano que debemos entender que los regímenes totalitarios, los anteriores en la historia y continuado por los más recientes, habían de alguna manera logrado confundir a los ciudadanos a los que más bien los tratan como siervos, en hacerles creer que las leyes, lo cual luego extienden a todos acto normativo y hasta en graves casos actos emanados del propio ejecutivo, son “mandatos y órdenes” que dicta la autoridad (el propio ejecutivo) y que deben ser ciegamente acatados sin atender a finalidad y razón alguna. El mandato por el mandato mismo, la total sumisión a la autoridad sin cuestionamiento, se encuentren esas “ordenes” apegadas o no a la Constitución o al respeto a los Derechos Humanos.

Lo anterior constituye una clave para entender por qué muchos de los funcionarios incursos en la comisión de violaciones de Derechos Humanos, consideran que al actuar cumpliendo órdenes de sus superiores y que se cuenta con una normativa que sustenta tal actuación están exentos de responsabilidad y no están al margen de la constitución. Por ello la importancia de promover amplia y extensivamente en todos los foros y niveles posibles (desde la más alta magistratura del Poder judicial hasta los funcionarios con funciones básicas), la promoción y educación sobre Derechos Humanos y constitucionalismo, al igual que interponer las denuncias que correspondan para exigir la responsabilidad tanto de los funcionarios como la de los Estados por la violación de Derechos Humanos, sea ante los órganos internos en los Estados así como de los organismos internacionales de protección de Derechos Humanos.

Al estudiante se le respondió: Si, efectivamente en una sociedad democrática todos y cada uno de los ciudadanos puede hacer lo que a bien quiera, esa es la interpretación que ha de dársele a la ley, que pueda actuar libremente sin ningún otro límite que hacerlo respetando el derecho que tiene el resto de los ciudadanos, individualmente, así como todos de manera colectiva, en procura del interés general, que el entendimiento e interpretación que debe dársele a la ley no puede ser otro que las mismas existen, tienen su justificación y son dictadas con la intención de organizar de mejor manera el ejercicio de las libertades de los ciudadanos y la protección de sus derechos fundamentales frente al Estado que es el sujeto pasivo de los Derechos Humanos, que la lectura que debe dársele a la ley, al Derecho, debe ser constitucional y democrática, esto es, a favor del hombre y de la libertad (pro nomine et libertatis), de la prosperidad y de la riqueza, del bienestar general de la sociedad, del emprendimiento y libre empresa, de la libertad de expresión, de participación, y jamás como muchas veces se ha pretendido en que la ley sea entendida como que quien ejerza la autoridad, o eso pretenda, deba conceder autorizaciones como si ellas fueran una gracia o favor, que se tenga la ley como restricción o limitación del ejercicio de derechos, o frustración de libertad, ya que ello a la postre no sería más que una lectura no democrática de la ley, una lectura totalitaria del Derecho, de la que muy lastimosamente la historia ha sido testigo y muchos hemos padecido cuando observamos que regímenes hace uso del Derecho y las instituciones del Estado como instrumento de dominación de los ciudadanos.

No hay peor tiranía que la que se ejerce a la sombra de las leyes y bajo el calor de la justicia

Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa


Montesquieu