50 años en el foro judicial venezolano

50 años en el foro judicial venezolano

Una mirada crítica a la actual situación de la administración de justicia con ocasión a los 50 años de Roberto Hung y Asociados.

I

El día de hoy, se cumplen 50 años desde que se graduase en la promoción Dr. José Román Duque Sánchez de la Universidad Central de Venezuela, mi padre Roberto Hung Arias.

Si, son 50 años, que, desde que recibiera su título e inscripción en el instituto de Previsión Social del Abogado como requisito para el ejercicio de la profesión, incansablemente lo hizo hasta su último aliento hace diez años. Mi papá, el chino, no obstante su particular carácter, estoy seguro que para todos quienes lo conocieron y tuvieron la oportunidad de compartir con él como profesional del derecho, en efecto constituye ejemplo de constancia y dedicación a la carrera, lo que tuvo la oportunidad de confirmar durante sus últimos meses de de vida terrenal, al asistir con el mismo entusiasmo de siempre, a todas las audiencias y  actos procesales en ese aciago año de 2006 le tocó llevar. Aún recuerdo con claridad las notas en su agenda y calendario en las que alternaban la fijación de actos procesales como contestaciones de demandas, testigos, presentación de informes, asistencia a actos académicos y gremiales, entre otros, con las sesiones de quimio o radio terapia, y con puntualidad y buena actitud asistía a todas ellas.

No fueron fáciles esos momentos, pero en fin, un día a la vez, resolviendo uno a uno los asuntos mientras pudo hasta el último momento, baste decir que iniciadas las actividades tribunalicias luego del receso judicial de 2006, ya contaba con todos los informes, contestaciones, y demás escritos debidamente impresos y firmados, solo a la espera de la oportunidad de su consignación. Muchos de ellos tuve que reimprimirlos en su última página para suscribirlos y presentarlos yo. Se imaginarán, tarea tampoco fácil, pese al orgullo que sentía de continuar las estrategias procesales por él elaboradas y que luego se convirtió en el seguimiento general de la firma no obstante las necesarias adecuaciones y replanteamientos a nuevos tiempos.

Ante las dificultades que hoy nos ha tocado experimentar en estos últimos años, en la que el foro jurídico, en especial el judicial, el cual mi padre tuvo ocasión de conocer muy bien desde su interior, por haber sido funcionario judicial desde tiempos en los que apenas era estudiante de derecho, primeros años de la década de los sesenta, y luego entregar toda su vida al litigio; a menudo en la oficina nos preguntamos cuál hubiese sido su opinión frente a la destrucción a la que ha sido sometido el sistema de administración de justicia que padecemos por parte de este régimen absolutista del siglo XXI. Seguramente estuviera sumido en una gran tristeza al ver como todo lo que fue su entorno más preciado durante su vida, los tribunales venezolanos, principalmente los civiles y mercantiles, la entonces Corte Suprema de Justicia, posteriormente acercándose a sus últimos años, más hacia la materia administrativa y constitucional, y así al veces referido Tribunal Supremo de Justicia, de manera catastrófica la función jurisdiccional, la mística y profesionalización de los funcionarios judiciales, desde los más altos funcionarios como los magistrados del máximo tribunal, hasta los funcionarios de asistencia y administrativos en un tribunal de municipio, avergüenzan el deber ser de la administración de justicia, y deshonran la majestad que en otrora tiempos les era propia.

A lo dicho, ha de agregarse que afortunadamente dentro de tanta destrucción, intencional e insidiosa, aún pueden observarse muestras de vocación, de buenos profesionales, de deseo de hacer este un país mejor, un mundo mejor, y sé que esa es la visión que mi padre pudiese tener y la razón de seguir apostándole a la justicia venezolana a pesar de la adversidad, y es lo que motiva a que hoy, aniversario de la graduación de la Promoción de Abogados de la Universidad Central de Venezuela Dr. José Román Duque Sánchez de 1966, escribir estas líneas y a formular las necesarias reflexiones, y que estarán dispuestas en dos principales sentidos, el primero, los 50 años desde que iniciara la gesta de la firma, de la idea del ejercicio profesional de manera personal y directa a quienes lo necesiten y así lo requieran, ideal del que hoy me enorgullezco de mantener con vida en el foro jurídico, judicial y académico; y por otra parte, una visión crítica de la actividad judicial en general, desde los años 60 hasta esta segunda década del Siglo XXI.

II

Es sencillo decirlo, pero son 50 años, bueno, un poco más, desde que el hijo del chino, ya gastaba suelas en los tribunales de la República, primero como amanuense y un par de veces luego como Secretario, hacía del foro judicial caraqueño su estilo de vida, como dicen, su pateadero. Era la Venezuela de los años sesenta, en la que al graduarse no solo de la UCV, con los profesores de más alta calidad de la región latinoamericana, y lo que aún hoy le es característico, sino de todas las universidades de la época, de cualquier  institución de educación superior, media e incluso de bachillerato, otorgaban luces y herramientas intelectuales suficientes para formarse y formar una familia, para adquirir una vivienda, una oficina, para formar un país, u  país en el que bien se fuese originaria o un hijo de un inmigrante que siquiera hablaba la lengua de Cervantes podía superarse, era la Venezuela de la democracia.

Desde agosto de 1966, pudieran contarse por miles, los asuntos encomendados y atendidos por la firma, y por cientos todos los abogados y demás asociados, sus pasantes y asistentes, así como el personal administrativo y de asistencia, o los clientes que han pasado a ser más que amigos, prácticamente familia, y que todos hemos hecho vida en la oficina, desde la ubicada entre las caraqueñas esquinas de Torre a Madrices, en los 60 e inicios del 70, de Traposos a Chorro, de los 70 al 2000, o en la actualidad en la Avenida Venezuela. Incontables son los casos, infinitas las experiencias, innumerables los aprendizajes, tanto en las buenas como en las no tan buenas, muchos hemos sido quienes nos hemos acompañado cuando hay que tragar grueso, pero siempre sabiendo que como siempre hay que llevar un día a la vez y “todo pasará”, así como también hemos disfrutado tiempos en que hemos estado más o menos holgados, y aprovechamos ver en qué nuevo experimento nos metemos, así como en la vida.

Es natural que quiera traer a las reflexiones el nombre de muchos, tanto referenciales ya que no los conocía, sea por siquiera yo existir en los 60, o bien por haber sido yo muy joven y no haber participado en esos primeros años de formación de la firma, pero lo que si percibo y recibo a diario que paso por el foro judicial, son los saludos con mucho aprecio. Como señalase, pueden fácilmente contarse de cientos las personas que de manera directa o indirectamente se relacionasen en el foro con la firma, son 50 años, los 40 que directamente protagonizara mi padre, y más recientemente, hace 10 años, cuando el destino puso en mi, las riendas de llevar hacia adelante esa maravillosa idea que se hizo realidad, lo que espero poder llevar a la altura que demandan estos tiempos y que hoy cumple medio siglo.

No me cansaré de repetir, cuantas anécdotas, cuantos personajes. Quería hacer un recuento, aunque fuese general de los abogados, de los pasantes, asistentes, del personal administrativo, de los allegados, pero comprenderán que no es tarea fácil, por un lado por lo arduo y complicado de recurrir a los testimonios de otros que han tenido una participación previa a la mía, y por otra parte, y que constituye mi mayor preocupación, es que seguramente siempre existirán personas a las que no pueda referir, especialmente porque no tocó en mis tiempos conocer y compartir, además que sería totalmente injusto mencionar y referirme a unos sí y no a otros, cuando la verdad es que todos quienes hemos convivido en esa interesante experiencia de compartir la idea de Roberto Hung y Asociados hemos ayudado a forjar lo que somos. 

No obstante a que deliberadamente me resisto a mencionar a alguna persona en particular en la historia de la firma, ya advertí, sea abogado, pasante, asistente secretaria, personal técnico, quien sea, para evitar dejar de agradecer o mencionar a alguno en particular que pudiera pasar por alto, en efecto hay un particular personaje que es quien ostenta en la firma la mayor antigüedad, 34 años, y a quien quiero hacer una especial mención y dedicarle un muy merecido agradecimiento. Tengo el pleno conocimiento que todas aquellas personas a quienes en modo alguno menciono, y me resistiré en hacerlo, asentirán sobre su particular importancia, es el señor José Alberto Delgado, quien desde julio de 1982, ha formado parte de esta familia, y quien estoy plenamente seguro ha contado con el aprecio y total confianza de mi padre, quien con su personalidad y siempre buenas vibras e intensiones ha contribuido al desarrollo y crecimiento, no solo de la firma, sino de cada uno de nosotros que ha tenido la oportunidad de compartir con él.

Don Alberto, en el nombre propio, en el de la firma, en el de mi familia, el cual asumo en este momento, y en el nombre de todos los asociados, allegados, pasantes, asistentes, personal administrativo, todos, que estoy seguro confirman estas palabras, por ser tú la persona más insigne de esta idea hecha realidad, muchas gracias; no existen palabras para agradecer lo que has hecho por todos nosotros de tres décadas. Gracias por tus palabras, tu apoyo, tu ayuda, sin las que hubiese sido posible la necesaria cohesión en el equipo por el que hemos conformado. Mi papá te lo agradece, y yo te lo seguiré agradeciendo siempre.

III

Arriba señalé que dedicaría la parte final de la reflexiones en esta entrega a formular una apreciación crítica de lo que han sido los últimos 50 de la administración de justicia, no porque personalmente haya experimentado todos esos 50 años, aunque sí los últimos 26 y de los que se han verificado importantes cambios, entre ellos la aprobación de un nuevo texto constitucional que de manera expresa dispone que el proceso es instrumento fundamental de la justicia, lo que materialmente muchas veces ha sido así. En 26 años, algo son los pasillos del foro judicial que pueden andarse, más que pasillos, muchas son las escalinatas vinculadas con el ejercicio de la profesión, especialmente en el litigio, los he caminado, los he vivido, disfrutado, y en efecto últimamente padecido. Entonces, ese tiempo vinculado con el foro venezolano, particularmente la justicia civil, desde los otrora tribunales de parroquia hasta el hoy Tribunal Suprema de Justica, y además de haber escuchado no un testimonio, sino declaraciones de un protagonista como lo fue papá desde su pequeño escritorio y máquina de escribir como amanuense desde 1961, creo tener una idea general del tema.

Empezaré la idea con una dolorosa y cruda conclusión, y es que el sistema de administración de justicia en Venezuela, el poder judicial de manera general, nunca antes desde que nos declarásemos un Estado libre, una república independiente, había estado tan alejado de su esencial misión de procurar la justicia, de ser imparcial, de ser autónomo e independiente. Sí, hay que admitirlo, la corrupción en el poder judicial es total y ha alcanzado todos y cada uno de los aspectos relacionados, desde los más elementales como lo son las instalaciones donde operan los distintos tribunales y los instrumentos necesarios para su funcionamiento (siquiera tienen papel ni grapas y deben los usuarios suministrarlos), hasta las decisiones dictadas por las más altas instancias se encuentran expuestas ante las prácticas de corrupción que han buscado medios para infestar a todo el sistema.

No me desgastaré en hacer un desarrollo extensivo sobre el tema de la corrupción del poder judicial, y lo entredicho que se encuentra su debida independencia y autonomía, o las rutinarias, frecuentes, diarias y generales prácticas colusivas, que han dejado de ser un secreto a voces y más que aceptadas son promovidas desde las altas esferas, lo que a su vez las han llevado a prácticas extorsivas que van por el mismo camino de ser abiertamente aceptadas y luego pudieran ser directamente propiciadas. Ya sobre ello dediqué algunas ideas en otro trabajo de mayor extensión que se encuentra en fase de revisión sobre Corrupción y pobreza en Iberoamérica y que una vez sea publicado bueno será someterlo a discusión y claro está a críticas, pero del cual simplemente quiero tomar para estas reflexiones la difícil afirmación que en el sistema de administración de justicia venezolano actual, todas las actuaciones judiciales, sin excepción, desde las más simples y esenciales como la del acceso a un expediente para su revisión, hasta una sentencia en la más a la instancia jurisdiccional y en la que se haya de emitir un pronunciamiento sobre el alcance de derechos fundamentales, no son más que mercaderías sujetas a un precio que el mejor postor pueda pagar, que por lo general serán aquellos a quienes no les asiste ni la razón ni el derecho, pero logran adquirir un acto en forma de sentencia para encubrir sus ilícitas actuaciones.

Siempre habrá quien señale que en tiempos pasados también ha habido prácticas corruptas y desviaciones en la administración de justicia venezolana, y en efecto ha sido así, no podemos negarlo, incluso podemos retroceder a los propios antecedentes en la época independentista como el proceso que se le siguió al General Manuel Piar y del que resultó condenado a muerte en 1817 por los delitos de lesa patria, traición y conspiración, en un juicio que no habrá quien lo califique de vil montaje y fraudulento-, -hoy no se condena a la pena capital por fusilamiento pero si a su equivalente,  y así muchos otros graves episodios, de nuestra historia, y en modo alguno podemos pretender justificar desviaciones y perversiones sin importar cuando hayan ocurrido, pero la situación actual del poder judicial respecto a la existente hace 50, 25, 20, 17, o hace 10 años, es una muestra patente del mayor deterioro institucional que puede existir en nuestra sociedad.

Son muchos los años en el foro, muchas las personas relacionadas con la función judicial que ante presiones y amenazas no pueden libremente manifestar los graves hechos de lo que son testigos, coimas, muchas de ellas incluso en moneda extranjera, instrucciones expresas de no recibir ni tramitar acciones judiciales contra tales o cuales personas, alteración de actas procesales, sentenciar abiertamente favorable a tales personas, favorecer prácticas desleales, y hasta delictuales de determinados grupos, cualquier cantidad de prácticas más que corruptas, abiertamente criminales, que ante la confianza de simplemente sentirse escuchados por alguien que pueda ser medianamente objetivo, tal vez por necesario desahogo de informar los desmanes que día a día observan, nos hacen saber situaciones que parecen de ciencia ficción, pero acallados como se encuentran, ven en quienes no tienen compromiso con grupos políticos, económicos o de cualquier otro tipo, o que puedan ejercer presión directa, una manera de que sus voces sean escuchadas.

Será además de imposible, totalmente ajeno a la brevedad que ha de caracterizar este tipo de trabajos, desarrollar tantos aspectos sobre la administración de justicia y como se ha visto afectada en estos 50 años, pero dejo algunos puntos que cada quien pueda analizar e invitarles a formar su propia concepción crítica, como pueden ser entre otras, la situación actual infraestructura y equipamiento de los tribunales de la república que desdicen de la majestad que amerita la administración de justicia; la vigencia material de normas procesales y la grosera invasión e usurpación por parte del ejecutivo en la actividad jurisdiccional, lo que lejos de propender decisiones justas y ajustadas a derecho, son una limitación y restricción al acceso a la justicia, generan retardo procesal; los problemas de ejecución material de sentencias, la falta de adecuación a nuevas tecnologías que hagan el proceso más viable, la brevedad y oralidad que solo existe en papel pero que en el foro real son solo utopías, o mejor dicho materiales distopías, y así muchos temas que son de gran importancia, pero quiero destinar la reflexiones específicas a lo que considero uno de los aspectos más esenciales de a administración de justicia, al funcionario judicial, y entre ellos, al juez, sobre quien en abstracto recae la vital responsabilidad de sostenimiento del propio Estado de derecho, y el que en todo momento ha de ser independiente y autónomo del resto de los poderes públicos, lo que en los últimos 17 años ha estado en entredicho.

La ya preocupante falta de autonomía e independencia del poder judicial se agrava con la falta de estabilidad en la carrera judicial de quienes tienen verdadera vocación. En su mayoría, quienes ocupan cargos de jueces no son titulares, por lo que pueden ser libremente removidos sin ninguna verdadera razón, y aquellos que son designados de manera temporal, incidental o accidental, no son más que piezas políticas y ello se hace por compartir una misma línea ideológica o partidista, sin que tengan la preparación necesaria para tales funciones, incluso se ha sabido de casos de personas que han sido designadas jueces y que jamás habían siquiera pisado un tribunal sino hasta el momento de asumir el cargo.

Situaciones como la anterior, hace que tales operadores sean mucho más susceptibles a que sus decisiones puedan verse influenciadas por directrices políticas sin atender al examen jurídico de los casos, debiendo entonces estos operadores verificar si los fallos que emiten pudieran afectar intereses de personeros políticos o de sus allegados, y puesto que se les instruye a veces que han de decidir a favor de estos, es evidente la vulneración de la necesaria autonomía e independencia, mientras que, al no ser siempre visible a favor de quien pudieran proferir su decisión, ante el riesgo de afectar los intereses de “alguien”, no se dicta sentencia alguna, lo que a su vez es otra violación, la de restricción al acceso a la justicia.

A lo anterior hay que agregar, que ante tales situaciones, se genera en los usuarios del servicio de administración de justicia, la inducida práctica que para lograr una decisión en determinado sentido o contenido, o simplemente que la misma no se produzca, ello sea posible mediante alguna dádiva u otro favor personal, casi siempre económico, que ante una situación generalizada de afectación del poder judicial, se extiende en toda su estructura.

Para engrosar aún más los ingredientes de esta tormenta perfecta, en cuanto a la preparación académica y mejoramiento profesional, debemos destacar su deficiencia, lo que se traduce en criterios y conocimientos que no están a la atura de las exigencias de las funciones a las que están llamados a cumplir, mientras que aquellas actividades de formación promovidas por el sector público, tanto de jueces como el resto del funcionariado judicial no son más que formas de adoctrinamiento político. Cualquier programa de profesionalización de contenido jurídico y sin sesgo ideológico que desee efectuar algún funcionario judicial, además de tener que hacerlo con sus propios medios, pudiera incluso ser altamente recomendada su no realización para no afectar su permanencia en el poder judicial.

Y como aún quedan aspectos críticos que destacar, como si no fuera poco lo advertido, muy grave es que carecen los funcionarios judiciales en su totalidad, inclusive los jueces, y hasta las más altas magistraturas, de una remuneración acorde con sus funciones, lo que se extiende a las pensiones y jubilaciones, y no solo que los sueldos en modo alguno se identifican con la vital importancia en la sociedad de lo que es la administración de justicia, lo que agrava el ambiente propicio para las prácticas corruptas, lo que en los últimos 15 años se ha visto empeorado, que de por si nunca fue la mejor, otros servicios de gran importancia como el de atención médica, medio ambiente de trabajo, y muchos otros beneficios que lejos de mejorar pese a que constantemente se vociferan reivindicaciones sociales, muy al contrario, lo que es evidente en una gran pauperización de la calidad de vida de la población en general.

Desde archivistas, asistentes, relatores, y hasta jueces de tribunales de altas instancias, cada vez más, señalan abiertamente la dificultad, y hasta la imposibilidad de cubrir sus obligaciones familiares, alimentos, educación de los hijos, poder conseguir un lugar donde vivir, arrendar, adquirir un hogar, hacer y formar una familia, y así con cualquier otra obligación que en una sociedad moderna un funcionario de similar naturaleza debería poder sufragar sin que ello sea algo extraordinario, sin que haya de hacer esfuerzos sobre humanos, sin que sea inducido a prácticas corruptas para subsistir.

Grave, muy grave la situación planteada. Subo la mirada a las líneas anteriores, releo su contenido, y en realidad me entristece el escenario descrito, me genera decepción, muchos temores, indignación, y hasta rabias y malestar; pero, ¿Qué hacer? ¿Para qué luchar? ¿estaremos arando en el mar quienes creemos en un país mejor? ¿En un sistema de justicia eficiente?, y sin duda alguna me respondo, Sí, si vale la pena y demostraremos que si se puede lograr sacar a nuestro país de la pesadilla en que lo han convertido,  rescatarlo de las garras de quienes han utilizado al Estado, y principalmente al poder judicial como instrumento para sus fechorías.

No todo está perdido, producto de ese ir y venir por el foro judicial con un buen ojo avizor pueden observarse que tampoco todos los funcionarios judiciales son corruptos, ni todos los jueces están tarifados. Así como pueden observarse día a día todas las atrocidades y desmanes que en líneas anteriores se relataran, y de los incontables testimonios de bajas e inmorales prácticas que ensombrecen la idea de justicia, también puede verse el fulgor y brillantez, de quienes se niegan a sucumbir ante el  monstruo de la corrupción y los personajes abominables absolutistas. Muchos son quienes no obstante la adversidad, creen en dar lo mejor de sí; verdaderos jueces, verdaderos juristas, verdaderos funcionarios judiciales que con resiliencia todos los días estudian y enriquecen no solo sus criterios jurídicos sino también su espiritualidad, tanto los que actualmente son funcionarios,, como los que lo han sido en el pasado, incluso los que lo serán en el futuro, y que saben el verdadero, alcance y contenido de la justicia y que sus conciencias no tienen precio alguno, funcionarios judiciales que han podido experimentar el deterioro en sus condiciones de trabajo y calidad de vida en estas últimas décadas y que todos los días se preparan, que no desaprovechan ni un solo caso, ni una sola experiencia para aprender de ellas, que reconocen el valor de los profesores y que ávidos de conocimientos no pierden la oportunidad de preguntarles en los tribunales sobre sus inquietudes.

No solo que no todo está perdido, y es que si bien la dificultades pueden a veces sacar lo peor del ser humano, hacen también lo contrario, sacan, destacan y afloran lo mejor, el deseo de sobreponerse, de alcanzar ese estadios superior tanto individual como general, sino que se cuenta con el mejor recurso personal y profesional, se observa, se siente y se percibe, que a pesar de tales adversidades, sobresalen los mejores profesores, en consecuencia, los mejores estudiantes, en todos los áreas del conocimiento, no soplo jurídicas, y en definitiva, los mejores ciudadanos, esos que sabrán cumplir con su responsabilidad y la misión que la historia les ha encomendado.

Como hace 50 años, el 9 de agosto de 1966, hubo quienes se graduaron enamorados del derecho y nos dejaron el respecto y el cariño por la profesión y su estudio, y hoy, 9 de agosto de 2016, otros nuevos abogados reciben sus títulos como abogados de la república, y entre quienes se encuentran jóvenes que me consta son también enamorados del derecho, y que con toda responsabilidad sabrán transmitir tanto sus conocimientos como los ideales de libertad, democracia y justicia que son menester en estos tiempos; mis palabras de reconocimiento, gratitud por no desfallecer ante las dificultades, y mis mayores  felicitaciones, así como mis palabras de apoyo, ánimo y esperanza de que todos los esfuerzos no han sido en vano, merecemos un gran país y lo tendremos.

Caracas, 09 de agosto de 2016.